Jerez de la Frontera ha dado un paso firme para proteger su modelo de ciudad al cancelar 70 viviendas de uso turístico (VUT), una medida que forma parte de una estrategia coordinada a nivel andaluz. Esta acción contundente para la regulación de viviendas turísticas en Jerez busca equilibrar la balanza entre el desarrollo turístico y la calidad de vida de los jerezanos, asegurando que el crecimiento del sector no comprometa el acceso a la vivienda para los residentes.

Un plan maestro andaluz contra la proliferación de viviendas turísticas en Jerez

La supresión de estas viviendas es el resultado de un esfuerzo sin precedentes de la Junta de Andalucía, que ha logrado coordinar a la administración autonómica con los municipios. A lo largo del último año, casi 10.300 alojamientos turísticos han sido dados de baja en toda la región. En la provincia de Cádiz, el impacto ha sido especialmente notable, con la cancelación de 1.352 viviendas.

La colaboración ha sido clave para que municipios como Jerez de la Frontera puedan actuar con agilidad. Las cancelaciones se han producido tanto por iniciativa de los propios propietarios como de oficio, a petición de los ayuntamientos, utilizando como base la normativa urbanística y turística vigente. En la capital gaditana, 471 de estas viviendas han sido anuladas, lo que demuestra que esta medida está teniendo un impacto significativo en las grandes urbes, que concentran el 45% del total de las anulaciones a nivel autonómico. La gestión implementada busca equilibrar el crecimiento del turismo con la calidad de vida de los residentes, promoviendo un modelo sostenible y ordenado para la regulación de viviendas turísticas.

Nuevas normativas que dan poder a los ayuntamientos

Para reforzar este control, la Junta ha firmado convenios con varios consistorios, entre ellos el de Cádiz y el de Jerez de la Frontera. Estos acuerdos son fundamentales para facilitar el trabajo conjunto y agilizar los procesos de inspección y regularización. Se busca que cada municipio tenga las herramientas necesarias para planificar su futuro y decidir el modelo de ciudad que quiere, adaptando la normativa a sus propias necesidades.

La estrategia legislativa también ha sido crucial. Un decreto de enero de 2024 permite a los ayuntamientos establecer limitaciones al número de viviendas turísticas en edificios o zonas específicas, dando a las administraciones locales la capacidad de frenar la masificación. Adicionalmente, un decreto ley de febrero de 2025 ofrece mayor seguridad jurídica a los municipios para adecuar esta actividad al uso urbanístico más idóneo, preservando así el entorno urbano y el bienestar de los vecinos.

La cancelación de viviendas turísticas en Cádiz y en el resto de la comunidad autónoma demuestra que el trabajo coordinado está dando resultados tangibles. La labor de control y la lucha contra la clandestinidad en este sector es ahora una prioridad para asegurar que el crecimiento turístico beneficie a todos los ciudadanos y no solo a unos pocos. La ciudad de Jerez de la Frontera, con esta acción, se consolida como un ejemplo de gestión proactiva en favor de la convivencia y el turismo sostenible, marcando un hito en la regulación de viviendas turísticas.

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