Redacción
La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al expolio arqueológico y tráfico ilegal de patrimonio histórico en Andalucía, deteniendo a siete personas en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla. Los arrestados están acusados de formar parte de un grupo criminal dedicado a la venta de objetos arqueológicos obtenidos ilícitamente, su exportación sin las debidas autorizaciones y el blanqueo de los considerables beneficios derivados de esta actividad ilegal. La operación ha permitido incautar más de 3.000 piezas de gran valor arqueológico, incluyendo monedas, puntas de flecha, fíbulas, figuras y una valiosa vasija de vidrio, además de 73 monedas de plata y 37.625 euros en efectivo.
Un negocio lucrativo basado en el expolio arqueológico
La investigación, que arrancó en marzo de 2023, se centró en una empresa de compraventa de numismática con presencia en diversos portales online. Los agentes detectaron que la empresa comercializaba una gran cantidad de monedas de origen arqueológico, muchas de ellas aún con restos de tierra adherida, lo que sugería una extracción reciente y, por ende, el expolio de yacimientos. Este hecho constituye un claro delito contra el patrimonio histórico, tipificado en el artículo 323 del Código Penal.
Las pesquisas policiales llevaron a la identificación de los responsables de la empresa en Mairena del Aljarafe (Sevilla). Se descubrió que gran parte de las ventas se realizaban a compradores internacionales en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Grecia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Polonia y Japón. Los ingresos generados por estas transacciones superaron el medio millón de euros en los últimos cinco años, lo que encendió las alarmas de los investigadores.
Contrabando y blanqueo de capitales: La trama al descubierto
La ausencia de permisos de exportación, un requisito obligatorio para la salida de bienes culturales con más de cien años de antigüedad del territorio español, confirmó que la empresa operaba fuera de la legalidad. Este incumplimiento no solo ratificaba el expolio, sino que también constituía un delito de contrabando.
A medida que la investigación avanzaba, se identificaron a otras cuatro personas estrechamente vinculadas con la empresa numismática. Todos ellos utilizaban distintas plataformas de venta online para ofrecer objetos arqueológicos en venta o subasta. Se constató que los propietarios de la empresa se abastecían de material ilegal comprando directamente a expoliadores que utilizaban detectores de metales o a través de subastas en redes sociales y plataformas de compraventa. Una vez obtenido, el material era catalogado y clasificado. Los objetos de mayor valor se vendían en la página web de la empresa, mientras que los de menor entidad se enviaban a los otros investigados en Linares (Jaén) y Lucena (Córdoba) para su comercialización.
El organigrama del grupo estaba bien definido: el titular de la empresa mantenía los contactos con los proveedores ilegales y decidía los envíos, mientras que su mujer se encargaba de la contabilidad. Una empleada gestionaba la web y los envíos. Las otras dos parejas, residentes en Linares y Lucena, recibían los paquetes y vendían los objetos, además de adquirir material a expoliadores locales. De hecho, uno de ellos poseía un detector de metales y se dedicaba al expolio directo de yacimientos. La magnitud de la operación se evidenció cuando se interceptó un paquete con cerca de 1.900 piezas arqueológicas (monedas, puntas de flecha, fíbulas y hebillas) con gran cantidad de tierra adherida, pocas horas antes de los registros.
La caída del grupo: Registros simultáneos y detenciones
El grupo también utilizaba subastas de “venta a tramos” en grupos privados de redes sociales, donde los participantes pujaban en incrementos sobre un precio base, una modalidad que les permitía mover grandes volúmenes de piezas de forma encubierta.
La fase final de la operación se llevó a cabo con tres registros domiciliarios simultáneos en Mairena del Aljarafe, Linares y Lucena, contando con el apoyo de arqueólogos de la Junta de Andalucía. Durante los registros, los agentes intervinieron aproximadamente 3.200 objetos arqueológicos, incluyendo monedas de diversas épocas, fíbulas, lucernas, puntas de flecha, una jarra de vidrio de época romana sin limpiar, figuras de bronce, balas de honda romana, un fragmento de inscripción romana en bronce de los siglos I-IV, y los 37.625 euros en efectivo. También se incautaron dispositivos electrónicos y documentación relevante.
En ese momento, se procedió a la detención de los siete implicados: los dos responsables de la numismática, su empleada, y las parejas encargadas de las ventas en Linares y Lucena. El análisis de la documentación y los dispositivos incautados ha confirmado el conocimiento de todos los implicados sobre el carácter ilegal de las piezas y ha permitido desentrañar su modus operandi, incluyendo los métodos de pago, donde se solicitaba a los compradores que pusieran «regalo» en el concepto para evitar sospechas.
Las piezas arqueológicas han sido depositadas en el Museo Arqueológico de Sevilla para su estudio. Los informes técnicos han confirmado su carácter de patrimonio arqueológico, abarcando desde la Edad del Cobre hasta la época contemporánea. La mayoría de ellas presentan evidencias de una extracción reciente, producto de un expolio arqueológico sistemático con detectores de metales. Además, el excelente estado de conservación de algunos objetos sugiere que fueron extraídos de contextos cerrados, lo que indica el expolio de yacimientos arqueológicos aún desconocidos.
Los detenidos, a través de estas ventas continuadas, habían obtenido importantes beneficios económicos, permitiéndoles un nivel de vida por encima de sus ingresos legales. Ahora enfrentan cargos por pertenencia a grupo criminal, delitos contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y contrabando.
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