Redacción
La Policía Nacional desvela un fraude a la Seguridad Social de más de 1,3 millones de euros, afectando a residencias de ancianos y empresas de construcción.
En una operación que pone de manifiesto la labor constante de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el fraude, la Policía Nacional ha destapado en la vecina provincia de Málaga un importante caso de fraude a la Seguridad Social. La investigación, que ha contado con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha revelado un perjuicio económico que supera la considerable cifra de 1.300.000 euros. Este golpe a las arcas públicas se ha saldado con la detención de cuatro personas y la implicación de cuatro empresas en presuntos delitos contra la Seguridad Social y Frustración de la Ejecución. La noticia, aunque originaria de Málaga, resuena en toda la comunidad andaluza y sirve como recordatorio de la importancia de la transparencia y la legalidad en el ámbito empresarial.
El caso de la residencia de ancianos: Ocultación y elusión
La primera de las investigaciones se centró en una sociedad mercantil dedicada a un sector tan sensible como el cuidado y la residencia de personas mayores. Las pesquisas policiales revelaron una estrategia sistemática por parte de esta empresa para gestionar sus activos de manera fraudulenta, con el objetivo principal de eludir posibles embargos. A pesar de encontrarse en una clara situación de insolvencia, la sociedad no había solicitado la declaración de concurso, una obligación legal en estos casos.
Lo más preocupante de este caso es que la empresa continuaba generando ingresos, pero optaba por no declararlos, manteniendo así sus deudas con la Seguridad Social y acumulando impagos sistemáticos de cotización. Esta práctica ilícita generó una deuda total que asciende a la escalofriante cifra de 963.306 euros. La investigación ha puesto de manifiesto cómo algunas empresas, incluso en sectores tan esenciales como el cuidado de nuestros mayores, pueden incurrir en prácticas deshonestas que perjudican al sistema de bienestar social en su conjunto. La ocultación de ingresos y la elusión de responsabilidades fiscales no solo afectan a la Seguridad Social, sino que también generan una competencia desleal con aquellas empresas que sí cumplen con sus obligaciones. Este tipo de fraude socava la confianza en el sistema y perjudica a todos los ciudadanos.
La empresa de construcción: Expansión a costa del fraude
La segunda investigación llevada a cabo por los agentes de la Policía Nacional se centró en una mercantil dedicada al sector de la construcción. En este caso, la empresa también incurría en impagos sistemáticos a la Seguridad Social, sin que existieran intentos de regularizar la deuda acumulada. Lo que resulta especialmente llamativo es que, a pesar de esta situación de morosidad, la empresa continuaba operando e incluso expandiéndose con beneficios, manteniendo estos al margen de sus obligaciones de pago al ente público.
Para llevar a cabo este fraude, la empresa no dudó en utilizar cuentas de terceros, incluyendo la del hijo del propio empresario, con el objetivo de ocultar ingresos y eludir posibles embargos. Esta práctica evidencia una clara intención de defraudar al sistema y de obtener beneficios de manera ilícita. El perjuicio económico causado a la Seguridad Social en este segundo caso se cifra en 401.855 euros. Este tipo de actuaciones no solo perjudican económicamente al Estado, sino que también pueden tener consecuencias negativas para los trabajadores, que ven cómo sus cotizaciones no se ingresan correctamente. La expansión de una empresa a costa del fraude es una práctica inaceptable que debe ser perseguida con rigor.
Gracias a la diligencia de los agentes y a la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, se logró la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en estos delitos. Además, se elaboraron informes patrimoniales detallados de los deudores, lo que permitirá a la justicia tomar las medidas oportunas para resarcir el daño causado. El perjuicio económico total causado a la Tesorería General de la Seguridad Social por ambas investigaciones asciende a 1.365.161 euros.
Es importante destacar que la labor de los investigadores no solo ha permitido detener el incremento de esta cifra, sino que también ha logrado detectar nuevas sociedades que podrían estar llevando a cabo prácticas fraudulentas similares. Este descubrimiento subraya la necesidad de mantener una vigilancia constante y de seguir investigando este tipo de delitos que tanto daño causan al sistema de protección social. Aunque este caso concreto se haya destapado en Málaga, la noticia debe servir como una llamada de atención para todos. La transparencia, la honestidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales son pilares fundamentales para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.
