El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por el periodista y escritor Alfonso Loaiza Pérez, anulando de forma definitiva la condena por injurias graves a la Policía Municipal de Madrid que pesaba sobre él desde 2021. El alto tribunal determina que los tres mensajes publicados en la red social Twitter (actual X) en marzo de 2018, tras el fallecimiento del ciudadano senegalés Mame Mbaye en el barrio madrileño de Lavapiés, están protegidos por el derecho fundamental a la libertad de expresión al constituir una crítica política sobre las políticas migratorias del Estado y no una imputación delictiva individualizada.

¿Por qué el Constitucional anula la condena contra Alfonso Loaiza?

La sentencia, cuya ponencia ha correspondido al magistrado Ramón Sáez Valcárcel, deja sin efecto tanto el fallo inicial del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid (del 12 de octubre de 2021) como su confirmación por la Audiencia Provincial y la inadmisión del recurso de casación (ambas del 20 de julio de 2023).

El origen del proceso judicial se remonta al 15 de marzo de 2018, jornada en la que murió Mame Mbaye, dedicado a la venta ambulante. Ese mismo día, Alfonso Loaiza difundió tres tuits en los que calificaba el suceso de «asesinato», responsabilizaba al «Estado policial español» y llamaba a salir a las calles contra la represión. Por estos hechos, la justicia ordinaria le impuso una multa de 14 meses a razón de 5 euros diarios (2100 euros en total), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, además de obligarle a publicar la sentencia en su perfil social.

Libertad de expresión frente a deber de veracidad

El eje central de la resolución constitucional radica en corregir el enfoque jurídico de los tribunales inferiores. Los jueces penales condenaron al informador al entender que había vulnerado su deber profesional de comprobar la veracidad de los hechos, ya que pronto se determinó que Mame Mbaye falleció por causas naturales y no por una agresión policial.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional aclara que en este caso no se estaba ejerciendo la libertad de información —sometida al canon de veracidad—, sino la libertad de expresión, que ampara opiniones y juicios de valor. El fallo subraya que los mensajes de Loaiza no pretendían narrar una noticia ni atribuir responsabilidad penal concreta a ningún agente, sino contextualizar el suceso dentro de un debate público sobre la política migratoria y la situación de los migrantes dedicados a la venta ambulante.

¿Qué impacto tiene esta sentencia en el debate público y las redes sociales?

Esta resolución refuerza el blindaje constitucional de la crítica política intensa contra las instituciones del Estado, incluyendo los cuerpos policiales, siempre que no se ataque el honor de personas físicas identificadas. El Pleno recuerda que, en un sistema democrático, las expresiones ácidas o contundentes dirigidas a cuestionar actuaciones institucionales gozan de una protección reforzada dentro de los asuntos de interés general, un criterio clave que marca la agenda judicial en nuestros titulares de actualidad.

Tres magistrados emiten votos particulares discrepantes

La decisión del Pleno no ha sido unánime. La sentencia cuenta con los votos discrepantes de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepción Espejel Jorquera, quienes se han desmarcado del criterio mayoritario aprobado el 19 de noviembre de 2026 en Madrid.

¿Dónde crees que debe situarse la frontera legal entre la libertad de expresión en redes sociales y la protección institucional de las fuerzas de seguridad?

[Foto: IA para Gemini / jerezsinfronteras.es]