César Pérez Pacheco
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Gobierno de España y la Abogacía del Estado, ratificando formalmente la suspensión cautelar de los efectos electorales para los nuevos ciudadanos nacionalizados mediante la conocida como Ley de Memoria Democrática. La resolución judicial deja sin derecho al voto a más de 160.000 inscritos en el exterior de cara a las Elecciones Generales del 29 de noviembre de 2026, argumentando la necesidad de proteger la transparencia del proceso electoral, aunque sin alterar en absoluto su estatus jurídico ni su nacionalidad española de origen.
¿Por qué el Tribunal Supremo frena el voto de los descendientes en el exterior?
El Alto Tribunal justifica la adopción de esta medida cautelar ante la falta de trazabilidad y las dudas sobre la regularidad en la incorporación masiva de estas inscripciones dentro del Censo de los Electores Residentes-Ausentes (CERA). La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha determinado que el interés general de la transparencia y la veracidad del censo debe prevalecer sobre los perjuicios individuales que esta congelación temporal pueda causar a los afectados.
El origen de la disputa judicial no reside en la ley aprobada por las Cortes el 19 de octubre de 2022, sino en la impugnación de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Esta norma interpretativa del Ministerio de Justicia flexibilizó y amplió los criterios administrativos para la tramitación de los expedientes en los consulados. Al recurrirse dicho reglamento, el Supremo decidió pausar el 8 de septiembre de 2026 los efectos censales de esa vía, decisión ratificada de forma definitiva el 12 de octubre de 2026, coincidiendo simbólicamente con la Fiesta Nacional de España.
La decisión del tribunal no fue unánime dentro de la sala. El fallo cuenta con el voto particular de una magistrada que defendía priorizar la efectividad del derecho fundamental al sufragio regulado en el artículo 23 de la Constitución Española. Asimismo, la resolución incluye una excepción puntual: la suspensión no afectará a aquellas personas cuyos registros consulares expidan una certificación expresa, bajo su responsabilidad, que acredite el cumplimiento estricto de los requisitos antes del cierre del censo fijado para el 23 de octubre de 2026.
¿Habían votado ya estos ciudadanos en elecciones anteriores?
La gran mayoría de los ciudadanos afectados por este auto ya habían ejercido su derecho al sufragio en comicios previos. Las personas que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática y fueron dadas de alta en el censo votaron con normalidad en las Elecciones Generales de julio de 2023, así como en los posteriores procesos autonómicos y europeos celebrados desde la entrada en vigor de la norma.
El debate judicial no cuestiona si se trata de la primera vez que acuden a las urnas. La controversia actual surge tras la paralización preventiva de la instrucción administrativa específica que aceleró la incorporación del colectivo al censo electoral. Al quedar suspendida cautelarmente esa vía de alta masiva, la validez del censo del exterior de cara a las próximas convocatorias electorales ha quedado pausada judicialmente.
Esta situación deja en el aire la participación política de más de 160.000 españoles en el extranjero. Para las plataformas de afectados y sus defensores, la medida causa un perjuicio directo sobre derechos ya ejercidos en convocatorias anteriores, mientras que la parte demandante defiende que el censo debe depurarse obligatoriamente antes de volver a llamar a las urnas a la ciudadanía.
¿Se podría aplicar esta misma suspensión bajo otros criterios arbitrarios?
La legislación española impide tajantemente aplicar una medida de este tipo basándose en criterios discriminatorios. La Constitución Española protege la igualdad de todos los ciudadanos en su artículo 14 y prohíbe cualquier restricción del voto fundamentada en variables de residencia interna, edad, nivel socioeconómico o cualquier otro rasgo particular del colectivo.
La única razón por la que el Tribunal Supremo ha podido intervenir sobre este grupo específico es porque el objeto del litigio no es la condición personal ni geográfica de los votantes, sino un acto administrativo de alcance general. Lo que la justicia examina es la legalidad de la instrucción reglamentaria del Ministerio de Justicia que permitió las inscripciones. Al estar la norma en revisión, se suspenden temporalmente sus efectos en el censo.
Las medidas cautelares sobre el censo electoral son extraordinariamente escasas. Los únicos precedentes similares en suelo español se reducen a intervenciones de la Junta Electoral Central ante fraudes o irregularidades puntuales por empadronamientos masivos en municipios pequeños. La alteración de un censo completo por la vía judicial es un mecanismo restringido exclusivamente a la impugnación de reglamentos de acceso al registro.
¿Perderán la nacionalidad española los ciudadanos afectados?
La resolución del Tribunal Supremo no retira, invalida ni pone en duda la nacionalidad española de ninguno de los afectados. Todas las personas que tramitaron su expediente mediante la Ley de Memoria Democrática continúan siendo españolas a todos los efectos legales, manteniendo sus pasaportes, DNI y la plenitud de sus derechos civiles y laborales.
El artículo 11.2 de la Constitución Española establece de forma explícita que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Al haber obtenido la ciudadanía bajo el concepto de españoles de origen, la ley impide que cualquier tribunal o administración les revoque el estatus ciudadano por vía general o colectiva. La revocación de la nacionalidad solo es aplicable en casos individuales de fraude documental probado mediante un procedimiento judicial personalizado.
El proceso contencioso en el Alto Tribunal atañe únicamente al Censo Electoral, que es el registro administrativo necesario para ejercer el derecho al voto. La justicia no examina la validez civil de los títulos de nacionalidad expedidos por los registros civiles o consulares, por lo que el estatus de los ciudadanos de pleno derecho permanece totalmente inalterado.
¿Es una medida inaudita o existen precedentes en otros países?
La decisión de congelar cautelarmente el voto de un colectivo tan numeroso no tiene precedentes directos en la historia reciente de la democracia española por su volumen. Sin embargo, en países de nuestro entorno europeo existen precedentes donde los tribunales han primado la seguridad del proceso electoral sobre la inmediatez del ejercicio del sufragio.
En Italia, la justicia electoral ha llegado a anular miles de votos de la emigración (Circoscrizione Estero) en las elecciones de 2018 y 2022 en regiones como América del Sur al detectar irregularidades en las altas consulares y la custodia de las actas. Por su parte, el Tribunal Constitucional de Portugal anuló en 2022 más de 157.000 votos emitidos por sus ciudadanos en el extranjero tras comprobarse fallos en los requisitos de identificación de los sobres electorales.
En el Reino Unido, los tribunales respaldaron durante años la legalidad de congelar y retirar el derecho al voto de los británicos residentes en el extranjero que llevasen más de 15 años fuera del país, priorizando los requisitos normativos del censo frente al automatismo de la nacionalidad. Estos casos demuestran que las democracias europeas suelen dar prioridad a las garantías del proceso electoral cuando surge una duda jurídica sobre el procedimiento de registro.
¿Consideras que el Tribunal Supremo debe priorizar la revisión de las garantías administrativas del censo o se debería permitir el voto inmediato de todos los nacionalizados?
[Foto: IA para Gemini / jerezsinfronteras.es]
Ver esta publicación en Instagram
📢 ¡Únete a nuestra comunidad! Recibe la actualidad desde Jerez directamente en tu móvil y participa con tus reacciones:
👉 [Canal de WhatsApp] | [Canal de Telegram]
✨ ¿Te ha gustado este artículo? Ayúdanos a seguir creciendo compartiendo esta noticia con tus contactos. Tu apoyo es nuestra mejor recompensa. 🤝