La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón pide al Consejo de Ministros desclasificar documentos de la entrada masiva en Ceuta. Reclama los informes del CNI en un máximo de 15 días naturales. Quiere saber qué autoridades conocían el plan y desde cuándo.
¿Qué documentos de la entrada masiva en Ceuta pide desclasificar la jueza?
La magistrada ha elevado una exposición razonada al Consejo de Ministros. Es el escrito con el que la jueza eleva su petición al Gobierno.
Pide, en primer lugar, las notas e informes elaborados por el CNI y difundidos a las autoridades a partir del 30 de julio. Se refieren a las investigaciones sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio.
También reclama todas las notas e informes clasificados sobre la actuación de las autoridades de Marruecos hasta la fecha. Se trata de documentos hoy clasificados.
Además, solicita el listado concreto de autoridades que recibieron las notas ya desclasificadas del 27 y del 30 de julio de 2026. La petición incluye cualquier otra nota enviada después del 30 de julio. Debe constar la fecha y la hora de cada envío, junto con una certificación de su recepción efectiva.
¿Por qué dice Tardón que no se pone en riesgo la seguridad del Estado?
La jueza sostiene que la información es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado. Su argumento es directo. Esa seguridad ya se vio vulnerada precisamente en los hechos que se investigan.
Según la magistrada, la investigación pretende averiguar quién está detrás de ese ataque a la seguridad del Estado. Por eso considera que los documentos resultan indispensables para el esclarecimiento de los hechos.
¿Qué quiere averiguar la investigación sobre la entrada masiva en Ceuta?
La instructora busca determinar qué autoridades conocían la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio de 2026. También quiere saber desde qué momento la conocían.
Los documentos permitirán conocer qué decisiones se tomaron, o se dejaron de tomar, tras recibir esa información. Y aclararán cómo actuaron las autoridades del Reino de Marruecos. La magistrada ya pidió a Defensa un informe sobre la presunta presencia de buques militares marroquíes en aguas de Ceuta, ciudad española del norte de África.
¿Qué plazo fija la jueza y qué pasará con los documentos?
La magistrada exige que la desclasificación sea urgente y se complete en un máximo de 15 días naturales. El plazo cuenta días de calendario, sin excluir fines de semana ni festivos.
Todo el material que el Gobierno desclasifique se incorporará a la pieza separada de la causa. Esa pieza está declarada secreta.
¿Por qué invoca el deber de colaboración con la justicia?
Tardón considera que esta documentación resulta indispensable para el esclarecimiento de los hechos. La califica también de imprescindible para averiguar la verdad material y ejercer la potestad jurisdiccional de jueces y tribunales.
La instructora recuerda que el deber constitucional de colaboración con la Administración de Justicia alcanza su máxima intensidad cuando se cumplen dos condiciones a la vez. La información debe guardar una relación directa, objetiva y relevante con los hechos. Y además no deben existir fuentes alternativas para lograr el mismo resultado probatorio.
En ese escenario, añade, el juez puede promover los mecanismos legales para acceder a esos datos. Aclara que la clasificación como materia secreta o reservada no supone un obstáculo jurídico absoluto. La desclasificación es posible cuando la investigación de hechos presuntamente delictivos la necesita.
¿Crees que el Gobierno debe desclasificar todos esos informes del CNI para aclarar qué se sabía antes del 30 de julio?
[Foto: IA para Gemini / jerezsinfronteras.es]
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