Redacción
La plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz ha dictado una sentencia demoledora contra la sanidad pública vasca. El juzgado condena a Osakidetza, el servicio público de salud del País Vasco, a indemnizar con 1,2 millones de euros a unos progenitores tras la evitable muerte de su bebé de cinco meses por una negligencia médica intolerable, un caso que ya ha sido analizado en profundidad dentro de la sección de tribunales.
Una cadena de errores e irresponsabilidad médica devastadora
El calvario de esta familia arrancó en el año 2018. La pareja se sometió a un tratamiento de reproducción asistida del que obtuvieron tres embriones congelados. Tras la primera implantación, nació su primer hijo, pero el recién nacido falleció trágicamente en el año 2019.
Aquel primer bebé fue sometido a un informe genético básico. Dicho estudio no identificó alteraciones patogénicas evidentes. Sin embargo, los profesionales de la salud tampoco descartaron de forma categórica la existencia de una causa genética desconocida en el deceso.
La falsa tranquilidad que desencadenó la tragedia
Los padres actuaron con absoluta responsabilidad y prudencia antes de buscar un nuevo embarazo. Acudieron a una genetista e investigadora de un hospital público vasco para evitar repetir aquella desgarradora experiencia. Querían asegurarse de que sus futuros hijos no sufrirían el mismo destino.
La doctora solicitó el informe previo del menor fallecido. A la vista de los datos, tranquilizó a la pareja garantizando que existía un riesgo muy bajo. La profesional no recomendó estudios genéticos complementarios para asegurar el consejo médico.
¿Cómo se pudo evitar la trágica muerte de este segundo bebé?
En lugar de proteger a los pacientes, la desidia profesional provocó la llegada del segundo hijo. El pequeño nació y terminó falleciendo en diciembre de 2020 con solo cinco meses de vida. La tragedia golpeaba de nuevo a la misma familia, engrosando la crónica negra de sucesos más dolorosos de los últimos años.
Tras el segundo fallecimiento, los facultativos realizaron un estudio de exoma genético mucho más amplio. Esta prueba analizó aspectos que se ignoraron por completo con el primer bebé. El examen determinó que el niño padecía una mutación en el gen NFU1.
Mala praxis, desidia y falta de rigor profesional
El juzgado da la razón a los demandantes de forma tajante. La resolución concluye que existió una clara mala praxis, desidia y dejadez en la actuación de la genetista. La especialista debió revisar la historia clínica completa del primer hijo.
La doctora tendría que haber solicitado un exoma de la muestra de ADN guardada. Asimismo, resultaba imprescindible realizar un análisis genético profundo a los propios progenitores. Ignorar estas diligencias básicas privó a los padres de tomar decisiones informadas.
Un diagnóstico que habría cambiado el destino de la familia
Si se hubieran realizado esas pruebas a tiempo, habría aparecido la mutación del gen NFU1. Este fallo está directamente asociado al síndrome de disfunción mitocondrial múltiple. Dicha patología explicaba con absoluta certeza la muerte del primer hermano.
Con ese diagnóstico en la mano, la especialista habría recomendado evitar la gestación natural. Además, habría exigido un análisis de exoma específico a los dos embriones congelados. De este modo, se habría detectado el gen mutado antes de la implantación.
Indemnización récord ante un daño moral de gravedad excepcional
El fallo judicial señala que la negligencia impidió evitar la enfermedad genética congénita. La pasividad médica obligó a los progenitores a gestar y ver morir a un segundo hijo por la misma causa. El tribunal califica el daño moral como de gravedad excepcional.
La sentencia fija una indemnización exacta de 1.220.106,66 euros a favor de los afectados. Los padres hicieron todo lo que estaba en su mano para proteger a su familia. Sin embargo, la incompetencia de terceros derivó en una frustración y una rabia indescriptibles.
Para colmo de males, la resolución judicial no es firme. El Servicio Vasco de Salud ha decidido recurrir en apelación en lugar de asumir su culpa. Esta actitud institucional indigna profundamente a la opinión pública ante una tragedia que jamás debió ocurrir.
¿Hasta cuándo la administración pública seguirá recurriendo sentencias en lugar de asumir sus fallos y pedir perdón a las víctimas?
[Foto: IA para Gemini / jerezsinfronteras.es]
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