Redacción
Una firme sentencia impone prisión por chantajear a la víctima. Conoce la condena por agresión a una menor.
Foto: IA por Gemini para jerezsinfronteras.es.
El uso indebido de contenidos íntimos para chantajear a personas vulnerables representa un delito grave que la justicia castiga con severidad. Descubre en esta información los detalles de una reciente resolución judicial que fija duras penas de prisión, medidas de alejamiento e inhabilitación para proteger a las víctimas y sancionar la ciberextorsión en el ámbito familiar.
El origen del engaño y la coacción en el entorno cercano
Los hechos sucedieron durante el verano de 2021 en la ciudad de Valencia. El acusado aprovechó la estrecha relación de amistad con los padres de la víctima para acudir de forma constante a la vivienda familiar durante los fines de semana.
Durante una de sus estancias, el individuo accedió a la habitación de la joven de 15 años y realizó tocamientos no consentidos. La menor rechazó la agresión de inmediato y advirtió que denunciaría lo sucedido ante sus progenitores.
Días después, la joven solicitó el teléfono móvil del hombre para revisar su perfil en una red social. Al recuperar el terminal, el sujeto accedió sin permiso al perfil de la menor y extrajo imágenes de carácter íntimo.
La extorsión continuada y el fallo del tribunal
Con ese material en su poder, el individuo inició un chantaje implacable. Amenazó a la joven con mostrar las fotografías a sus padres si no cedía a sus pretensiones.
Bajo ese clima de constante temor psicológico, el agresor obligó a la víctima a mantener relaciones sexuales forzadas en dos ocasiones, las cuales grabó con su teléfono. La grave situación provocó un severo daño emocional en la víctima, quien precisó asistencia psicológica especializada.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia impone una pena total de 11 años y 10 meses de cárcel. La resolución contempla la condena por agresión a una menor junto a una pena adicional por descubrimiento de secretos.
Medidas de protección y compensación económica
Además del ingreso en prisión, el tribunal establece garantías estrictas para la víctima:
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Diez años de libertad vigilada tras cumplir la pena privativa de libertad.
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Inhabilitación especial de 25 años para cualquier trabajo o actividad con menores.
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Prohibición de comunicación y acercamiento a menos de 400 metros durante 25 años.
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Indemnización de 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daños morales.
El acuerdo de conformidad entre las partes otorga carácter firme e irrevocable a la sentencia.
¿Consideras que las penas de inhabilitación de 25 años resultan suficientes para disuadir este tipo de ciberextorsiones?
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