La Guardia Civil desmantela una organización dedicada a la pesca furtiva de atún rojo en Málaga, poniendo en riesgo la salud pública y el ecosistema marino. Ocho personas investigadas.

La Guardia Civil desarticula un grupo delictivo dedicado a la pesca furtiva del atún rojo en Málaga

Una importante operación llevada a cabo por la Guardia Civil, bajo la dirección de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, ha desarticulado una red delictiva dedicada a la pesca furtiva de atún rojo en aguas malagueñas. La operación, denominada “Galete”, ha resultado en la investigación de ocho personas por presuntos delitos contra la fauna, contra la salud pública, relativos al mercado y los consumidores, y pertenencia a organización criminal. Esta red operaba de forma continuada, obteniendo grandes beneficios económicos a través de la venta ilegal de atún rojo, poniendo en grave riesgo tanto el ecosistema marino como la salud de los consumidores.

Red de pesca furtiva y blanqueo de capitales

La organización operaba en las aguas de Málaga capital, capturando atunes rojos en época de veda, una práctica expresamente prohibida. Posteriormente, introducían las capturas en el mercado con documentación fraudulenta, utilizando una empresa mayorista de pescados y congelados de Málaga y restaurantes ubicados en Marbella como canales de distribución y blanqueo. Un empresario mayorista de pescados y congelados jugaba un papel clave en la trama, facilitando la introducción del pescado ilegal en el circuito comercial.

Pescadores y profesionales del sector, al detectar la actividad ilícita, alertaron a la Guardia Civil, dando inicio a la investigación. La red operaba con una clara estructura organizada, lo que les permitía llevar a cabo la pesca furtiva a gran escala y blanquear las ganancias obtenidas. Se detectó la pesca furtiva de 16 ejemplares de atún rojo, con pesos que oscilaban entre los 70 kg y más de 200 kg cada uno.

Riesgo para la salud pública y el medio ambiente

Las prácticas de esta red delictiva no solo suponían un grave perjuicio para el medio ambiente, sino que también representaban un serio riesgo para la salud pública. Los atunes capturados de forma ilegal carecían de cualquier tipo de control sanitario, lo que aumentaba considerablemente el riesgo de intoxicaciones alimentarias graves para los consumidores. La investigación reveló, además, las pésimas condiciones de salubridad de los vehículos utilizados para el transporte del pescado y las malas condiciones higiénico-sanitarias de algunos de los atunes, lo que fue certificado por las autoridades sanitarias como un “riesgo grave e inminente para la salud pública”. Aparentemente, los establecimientos que adquirían el atún eran conscientes de su procedencia ilegal, pero priorizaron el lucro económico, aprovechando su actividad empresarial para blanquear los ejemplares y falsear la información sobre su origen. La captura indiscriminada de atún rojo, especialmente durante la veda, pone en peligro la sostenibilidad de la especie y el equilibrio del ecosistema marino.

Intervención y colaboración interinstitucional

atún rojo

La operación “Galete” culminó con la intervención de dos embarcaciones de recreo, dos vehículos, cinco cañas profesionales con sus respectivos carretes específicos para la pesca de atún, dos sondas, dos bicheros, cebos, anzuelos e hilos de pesca, entre otros útiles, que han quedado a disposición judicial. La investigación llevada a cabo por los agentes del SEPRONA de la Guardia Civil contó con la valiosa colaboración de diversas instituciones, entre las que destacan la Comisión de Salud Pública del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, los Servicios de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento de Málaga, la Fundación del Aula del Mar de Málaga y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), cuyos informes periciales fueron fundamentales para sustentar los delitos imputados. Los hechos están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Marbella. Esta operación representa un importante golpe contra la pesca furtiva y el tráfico ilegal de especies protegidas, reafirmando el compromiso de las autoridades con la protección del medio ambiente y la salud pública.

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