César Pérez Pacheco
Descubre el proceso histórico de la abolición de la pena de muerte en la Península Ibérica y sus protagonistas.
Dibujo del patíbulo de los Távora (1759), una muestra de las ejecuciones públicas que impulsaron el primer debate abolicionista en Portugal. Fotografías: Archivo de la Corona de Aragón
La abolición de la pena de muerte en la Península Ibérica no ocurrió de la noche a la mañana, sino a través de un proceso desigual que transformó la justicia en la región. Portugal lideró este avance pionero en todo el mundo durante el siglo XIX, mientras que España superó un camino accidentado que concluyó a finales del siglo XX. Entender esta evolución permite valorar la consolidación de los derechos fundamentales en nuestra sociedad actual.
Portugal marcó la pauta europea al erradicar la máxima sanción penal con una prontitud ejemplar. El reino portugués suspendió las ejecuciones políticas en 1852 y aprobó la abolición para delitos civiles el 1 de julio de 1867, bajo el mandato de Luis I. La jurisdicción militar mantuvo esta medida únicamente para tiempos de guerra, hasta su cancelación absoluta en la Constitución de 1976.
El accidentado camino hacia la justicia en España
España experimentó un proceso mucho más convulso para erradicar el castigo capital. Un punto de inflexión normativo ocurrió el 2 de mayo de 1870 con la reforma del Código Penal, impulsada por Eugenio Montero Ríos, que convirtió el garrote vil en el método oficial de ejecución civil en sustitución de la horca. Décadas después, la Segunda República abolió esta práctica en la Constitución de 1931, pero el régimen franquista restableció la sanción en 1938.
Las últimas ejecuciones en suelo español sucedieron el 27 de septiembre de 1975. La llegada de la democracia trajo consigo el Artículo 15 de la Constitución de 1978, el cual prohibió la pena capital excepto en leyes penales militares para tiempos de guerra.
La erradicación total y el papel de Andorra
El compromiso definitivo de España llegó con la Ley Orgánica 11/1995, que eliminó la pena de muerte del código militar sin excepciones. A nivel internacional, tras la apertura a firma el 3 de mayo de 2002 del Protocolo número 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en Vilna, España ratificó en 2009 este instrumento que blindó jurídicamente la prohibición en cualquier circunstancia.
Por su parte, el Principado de Andorra cerró el mapa ibérico al abolir formalmente este castigo en su Constitución de 1993. El país pirenaico ejecutó a su último reo en 1943 mediante el garrote vil.
La lucha intelectual y la agenda global de derechos
El pensamiento ilustrado impulsó la reforma penal en toda la península. Figuras como Concepción Arenal alzaron la voz contra la barbarie de los ajusticiamientos públicos. En sus obras, la pensadora gallega denunció el impacto degradante que la pena capital ejercía sobre el reo, el verdugo y los propios espectadores, sentando las bases del humanismo penal.
Este legado conecta con los grandes hitos globales. La proclamación del 10 de diciembre de 1948 como Día Internacional de los Derechos Humanos, cuyo Artículo 3 consagró el derecho universal a la vida, marcó un antes y un después. Asimismo, desde 2003, la Coalición Mundial impulsó la fijación del 10 de octubre como Día Mundial contra la Pena de Muerte para culminar este avance ético en todo el planeta.
¿Consideras que la Península Ibérica mantiene hoy un liderazgo sólido en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional?
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