¿Inversión en justicia o gasto superfluo? Cursos de lengua catalana para jueces de toda España

¿Es necesario el gasto? Analizamos los nuevos cursos de lengua catalana para jueces del CGPJ y la Generalitat.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Generalitat de Cataluña han firmado un acuerdo para enseñar catalán a los jueces. Esta medida, presentada como un avance en los derechos ciudadanos, levanta ampollas por su coste y oportunidad. En un sistema judicial al borde del colapso, surge una duda razonable: ¿es esta la prioridad que necesitan nuestros tribunales?

La iniciativa pretende que magistrados de cualquier punto del país dominen el catalán. Se justifica bajo el derecho del ciudadano a ser atendido en su lengua cooficial. Sin embargo, en un país donde el español es la lengua común y conocida por todos, la eficiencia de este gasto queda bajo lupa.

Un convenio bajo la mirada crítica

Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo, y el consejero Ramon Espadaler han sellado dos acuerdos estratégicos. El primero introduce el aprendizaje del catalán en los planes de Formación Continua. Se suma así a las líneas ya abiertas para el gallego y el valenciano desde 2024.

Los cursos ofrecen niveles A2 y B2 con una carga lectiva de cien horas por nivel. «El objetivo del curso de iniciación es que el alumno consiga un dominio básico de los usos de la lengua», reza el acuerdo. Para el nivel B2, se busca que el juez pueda «expresarse de una manera bastante precisa, fluida y correcta«.

¿Es realmente necesaria la traducción?

La Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a admitir escritos en lenguas cooficiales. Pero la realidad práctica es terca: el uso del español unificaría procesos y ahorraría miles de euros. Muchos ciudadanos ven en estas medidas una complicación burocrática innecesaria dentro de la actualidad en los tribunales.

Si todos los documentos se redactaran en la lengua común, no harían falta ni cursos ni traductores. Este «peaje» lingüístico ralentiza la maquinaria judicial. Mientras se destinan recursos a idiomas, el sistema sufre falta de personal, algo que afecta incluso a la resolución de los sucesos y hechos delictivos más graves.

El coste de la «complicación» administrativa

El convenio marco tendrá vigencia hasta finales de 2029. No solo abarca idiomas, sino también congresos, seminarios y estancias en diversas instituciones. Se busca que los jueces realicen «estancias en centros e instituciones de diversa índole, como medios de comunicación, hospitales y colegios profesionales«.

Esta formación se imparte en horario de tarde y de forma virtual. Aunque se busca la excelencia, el ciudadano de a pie se pregunta si estos recursos no estarían mejor invertidos en agilizar las listas de espera. La justicia lenta no es justicia, por mucho que hable varios idiomas.

Entre el derecho y la eficiencia

El debate está servido. Por un lado, se defiende el respeto a la pluralidad lingüística de España. Por otro, se exige una gestión racional de los impuestos. ¿Debe el Estado pagar la formación lingüística de un juez que quizás nunca ejerza en Cataluña?

La estructura de estos cursos es ambiciosa, pero la utilidad real es cuestionable. La Administración de Justicia debería centrarse en su función principal: resolver conflictos de forma rápida y eficaz. Introducir barreras lingüísticas, por muy legales que sean, parece ir en contra del sentido común administrativo.

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¿Consideras que el uso exclusivo del español en la justicia ahorraría recursos vitales para mejorar las instalaciones y la rapidez de los juzgados?

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Imagen de cabecera: Generada mediante inteligencia artificial por Gemini para jerezsinfronteras.es.