La Guardia Civil frena la extracción ilegal de agua en España. Un golpe al expolio que daña nuestro medio ambiente.
El expolio invisible: la Guardia Civil destapa el robo masivo de agua que amenaza nuestro futuro
En Jerez sabemos bien lo que significa mirar al cielo esperando una tregua que no llega. El agua no es solo un recurso; es la vida de nuestras viñas y el motor de nuestra tierra. Por eso, el último golpe de la Guardia Civil contra la extracción ilegal de agua en España resuena con especial fuerza en nuestras calles. La Operación “Zahorí” ha sacado a la luz una realidad alarmante: cientos de captaciones clandestinas desangran nuestros acuíferos mientras el campo sufre.
Un despliegue sin precedentes contra el robo hídrico
La Benemérita ha culminado un dispositivo nacional de una envergadura histórica. Las cifras marean y asustan a partes iguales. Se han localizado 941 infraestructuras ilegales destinadas a la captación y acumulación de agua.
Este despliegue ha contado con la precisión de las unidades del SEPRONA. Los agentes han inspeccionado desde grandes balsas hasta pequeños sondeos ocultos. El objetivo es claro: proteger el Dominio Público Hidráulico de quienes priorizan el beneficio propio sobre el bien común.
El impacto es global, pero la sensibilidad es local. Cada gota robada en Huelva o Madrid es una gota que falta en el equilibrio natural que todos compartimos. La ley debe ser igual para todos, especialmente cuando el recurso es tan escaso.
Pozos y sondeos: la radiografía del fraude
¿Cómo se roba el agua en pleno siglo XXI? Los datos de la Operación “Zahorí” son reveladores y muestran una estrategia diversificada. El 60 % de las infracciones corresponden a pozos excavados sin ningún tipo de permiso ni control.
El resto del pastel ilegal se reparte de forma preocupante. Un 24 % son sondeos profundos, mientras que un 4 % son balsas de grandes dimensiones. El 12 % restante incluye desde derivaciones artificiales hasta trasvases que alteran el curso natural de los ríos.
Estas prácticas no son errores administrativos. Son acciones deliberadas para esquivar la vigilancia de las Confederaciones Hidrográficas. En zonas donde el estrés hídrico es una constante, este tipo de competencia desleal arruina a los agricultores que sí cumplen la ley.
El entorno de Doñana bajo el foco del SEPRONA
La cercanía de Doñana con nuestra provincia hace que la Operación “Subterra” nos toque de cerca. En el corazón de la corona forestal del Parque Nacional, la Guardia Civil detectó un entramado de extracción masiva.
Ocho personas físicas y cinco empresas están bajo investigación. Se les imputan delitos contra los recursos naturales y la ordenación del territorio. Es un ataque directo a uno de los ecosistemas más valiosos del mundo.
No es un caso aislado de picaresca. Es una estructura organizada para extraer riqueza a costa de secar el subsuelo. La impunidad en estas zonas críticas pone en jaque la biodiversidad que tanto nos enorgullece como andaluces.
Millonarias estafas ocultas tras el riego
En Madrid, la Operación “Bredo” ha revelado un nivel de sofisticación técnico indignante. En Las Rozas, se descubrió un sistema de bypass instalado antes del contador volumétrico.
Este fraude permitía regar sin que el contador se moviera un solo milímetro. Los peritos estiman que el valor del agua robada desde el año 2002 supera los 1,6 millones de euros.
Es una estafa agravada contra todos los ciudadanos. Mientras las familias ajustan su consumo, otros llenan sus depósitos de forma gratuita y delictiva. Este tipo de comportamientos recuerda a otros casos donde el lujo se mezcla con la ilegalidad, como cuando un campo de golf de lujo esconde red de extracción ilegal de agua, una noticia que ya indignó a nuestra audiencia.
Mazarrón y el desierto que creamos nosotros
En Murcia, la Operación “Land Change” ha dejado una cicatriz ambiental profunda. Dos personas transformaron más de 47 hectáreas de secano en regadío de forma totalmente ilícita.
El daño ecosistémico se ha valorado en más de 2,9 millones de euros. No es solo agua; es la destrucción del suelo y la alteración de todo un ciclo biológico. La ambición sin límites está acelerando procesos de desertificación que serán irreversibles si no se frenan a tiempo.
El regadío ilegal es una trampa mortal para el futuro del campo. Si agotamos las reservas hoy, ¿qué dejaremos para las próximas generaciones de agricultores? La respuesta es un desierto silencioso y polvoriento.
La técnica del bypass llega a Córdoba
La provincia vecina tampoco se libra de estas prácticas oscuras. En la Operación “Captaqua”, la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir trabajaron mano a mano.
Detectaron pozos clandestinos y, de nuevo, la manipulación de captaciones legales. El método es el mismo: el engaño mediante tuberías ocultas que evitan el registro oficial del caudal.
Este tipo de delincuencia hídrica es muy difícil de detectar sin denuncias previas o inspecciones exhaustivas. La vigilancia constante es nuestra única defensa. Es vital recordar que estas acciones tienen consecuencias penales graves, como vimos cuando un hombre fue detenido en Jaén por extracción ilegal de agua en un arroyo, un aviso para navegantes en toda la comunidad.
Balance de una lucha por la supervivencia
Los resultados finales de la Operación “Zahorí” hablan de un problema estructural en la gestión del agua. Se han tramitado un total de 29 infracciones penales de gran calado.
La mayoría, un 59 %, son delitos de distracción de aguas de uso público. Pero hay más. Un 28 % de los casos se centran en daños directos al medio ambiente y un 7 % en delitos urbanísticos.
Además, la vía administrativa ha echado humo con 1.684 infracciones comunicadas. Casi el 80 % de estas multas se deben directamente al incumplimiento de la normativa de aguas. La presión policial es alta, pero el volumen de ilegalidades detectadas indica que todavía queda mucho trabajo por hacer en el campo español.
El precio real del daño ambiental
¿Cuánto vale un río seco o un acuífero contaminado? El SEPRONA utiliza informes periciales avanzados para ponerle cifra al desastre. Estos documentos son la pieza clave para que los jueces puedan condenar a los culpables.
No solo se mide el agua robada. Se valora el impacto en la flora, la pérdida de fauna y la degradación del suelo. La peritación es la que permite que el castigo sea proporcional al daño causado a la sociedad.
En el cómputo total de la operación, los daños al Dominio Público Hidráulico ascienden a más de 270 millones de euros. Es una cifra que debería avergonzarnos a todos como país. Es dinero y vida que nos arrebatan de los bolsillos y de los paisajes a todos los españoles, sin distinción de provincias.
El compromiso de proteger lo que es de todos
La Guardia Civil mantiene un compromiso firme con la defensa del desarrollo sostenible. En un contexto de sequía recurrente, como el que sufrimos en el sur, cada inspección cuenta.
La Operación “Zahorí” no es un evento aislado, sino parte de una estrategia continua. Se busca disuadir a quienes piensan que el agua es un botín libre de dueños. El agua es de todos, y su gestión debe ser transparente y solidaria.
Desde Jerez, miramos estas noticias con la esperanza de que la justicia actúe con firmeza. La protección de nuestros recursos naturales es la mayor herencia que podemos proteger. Sin agua legal y controlada, no hay futuro para nuestra gastronomía, nuestra cultura ni nuestra forma de vida.
Preguntas Frecuentes sobre el Robo de Agua en España (FAQ)
A continuación, resolvemos las dudas más comunes sobre la extracción ilegal de agua en España y las recientes actuaciones policiales.
¿Qué es la Operación Zahorí de la Guardia Civil?
Es un dispositivo a nivel nacional liderado por el SEPRONA para controlar y proteger los recursos hídricos. Durante su última fase, ha permitido localizar cerca de mil infraestructuras ilegales de extracción de agua en toda España, protegiendo así el medio ambiente en un contexto de sequía crítica.
¿Cuántos pozos ilegales se han detectado en España recientemente?
En el marco de las investigaciones de la Guardia Civil entre 2024 y 2025, se han detectado un total de 941 infraestructuras ilegales. De estas, el 60 % corresponden específicamente a pozos clandestinos, mientras que el resto se divide en sondeos, balsas y derivaciones artificiales de cauces públicos.
¿Qué delitos se imputan por la extracción ilegal de agua?
Las personas investigadas suelen enfrentarse a delitos de distracción de aguas de uso público, daños a los recursos naturales y al medio ambiente, y delitos contra la ordenación del territorio. Además, en casos graves como el de Madrid, se han imputado delitos de estafa agravada y defraudación por manipular contadores.
¿Cuál es el impacto económico del robo de agua en España?
El daño al Dominio Público Hidráulico es inmenso. Según los informes periciales del SEPRONA, los daños ocasionados en las distintas provincias españolas durante esta operación superan los 270 millones de euros, afectando gravemente a la sostenibilidad de los acuíferos y la biodiversidad local.
¿Cómo afecta la extracción ilegal de agua a zonas como Doñana?
Afecta de forma devastadora al secar los acuíferos que alimentan el Parque Nacional. Operaciones como «Subterra» han revelado que la extracción masiva mediante pozos ilegales pone en peligro crítico la flora y fauna de la reserva, además de suponer una competencia desleal para los agricultores legales de la zona.
¿Qué métodos se usan para ocultar el robo de agua?
Los infractores suelen utilizar pozos y sondeos sin autorización, pero también métodos más sofisticados como el «bypass». Este sistema consiste en instalar tuberías fraudulentas antes del contador volumétrico para que el agua extraída no quede registrada y así evitar el pago y los controles de consumo.
¿Crees que las sanciones actuales son suficientes para frenar a quienes roban el agua que nos pertenece a todos?
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