Redacción
Grave negligencia en la protección de datos en la educación pública andaluza. 700.000 menores en riesgo, también en Jerez.
La seguridad digital de nuestros hijos ha saltado por los aires tras confirmarse una negligencia administrativa sin precedentes. El Gobierno andaluz ha sido sancionado por entregar la vida privada de 738.502 alumnos a la multinacional Google sin las garantías legales mínimas. Este fallo de custodia afecta directamente a los colegios e institutos de Jerez, donde la información sensible de los menores ha quedado expuesta.
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha sido tajante en su resolución. La Administración autonómica permitió durante cinco años el tratamiento masivo de datos sin realizar las evaluaciones de impacto obligatorias. En la provincia de Cádiz, miles de familias desconocían que la información de sus hijos cruzaba fronteras hacia servidores fuera del control europeo.
El rastro de nuestros hijos: Un botín digital en manos de gigantes
La realidad es cruda: la Junta de Andalucía ha permitido que los perfiles, trabajos y correos de nuestros menores sean procesados por algoritmos privados. Se han cedido datos de 43.202 docentes y 2.676 centros educativos bajo el paraguas de Google Workspace for Education. Esta decisión se tomó sin transparencia y, lo más grave, sin informar a los padres sobre el destino real de esa información.
No estamos ante un simple despiste burocrático, sino ante una vulneración de derechos fundamentales a escala masiva. Irónicamente, mientras la tecnología nos permite poner cualquier tesoro de Jerez al descubierto a través de plataformas culturales, esa misma potencia técnica se vuelve peligrosa si no hay control. Los datos de un menor jerezano no son moneda de cambio.
La administración tiene el deber legal de proteger la identidad de los estudiantes. Sin embargo, en este caso, parece haber priorizado la comodidad tecnológica sobre la legalidad vigente. El almacenamiento de información sensible en países fuera del marco de protección de la Unión Europea es un punto de dolor inasumible que nos deja vulnerables ante intereses comerciales.
Impunidad administrativa y el riesgo del «algoritmo ciego»
Resulta alarmante que, tras detectarse seis infracciones —dos de ellas muy graves—, no existan sanciones económicas para la Administración. El sistema lanza un mensaje de impunidad absoluta. A veces, la fe ciega en el gigante tecnológico nos juega malas pasadas, como cuando el «bar fantasma» con 5 estrellas en Google desapareció en Jerez, demostrando que no todo lo que brilla en sus servidores es real o seguro.
La protección de datos en la educación pública andaluza se ha gestionado de espaldas a la comunidad educativa. Se han tomado decisiones críticas sobre seguridad digital sin contar con el profesorado ni con las familias de Jerez. La digitalización no debe significar la entrega de nuestra soberanía a corporaciones que operan bajo intereses puramente comerciales.
La denuncia de CCOO de Andalucía
En este escenario, CCOO de Andalucía ha denunciado formalmente la «grave e inadmisible» negligencia del Gobierno andaluz. El sindicato subraya que la digitalización no puede ser una excusa para entregar los datos del alumnado y del profesorado a grandes corporaciones sin control público. Para la organización, la prórroga del convenio en 2024 demuestra una falta de autocrítica que pone en riesgo la privacidad de miles de profesionales.
Hacia una soberanía tecnológica en los centros de Jerez
La solución exige una rectificación inmediata y una apuesta por infraestructuras públicas seguras. Es urgente que la Consejería de Desarrollo Educativo cumpla estrictamente el RGPD. Debemos garantizar que ningún dato salga de entornos controlados por el sector público andaluz.
Las familias de Jerez merecen transparencia total y el derecho a decidir sobre la huella digital que sus hijos dejan en el sistema. La educación debe ser un espacio seguro, libre de rastreos y de intereses privados que mercadeen con la identidad de los más vulnerables.
¿Siente usted la tranquilidad de que la información académica y personal de su hijo está realmente a salvo en los servidores de la Junta?
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Qué datos de los alumnos de Jerez han sido cedidos a Google? La cesión incluye información personal de más de 700.000 menores, desde correos electrónicos hasta perfiles de comportamiento y trabajos académicos. La falta de una evaluación de impacto previa ha dejado este rastro digital sin las protecciones que exige la ley europea.
¿Por qué CCOO de Andalucía ha denunciado esta gestión como una «negligencia grave»? CCOO sostiene que se vulneró la intimidad de los menores al omitir auditorías de riesgo obligatorias. Denuncian que la Junta permitió el tratamiento masivo de datos sin control público ni el consentimiento explícito de los tutores legales en Jerez y toda la comunidad.
¿Es legal que la Junta de Andalucía use Google en los colegios? Es legal siempre que se cumpla el RGPD. Sin embargo, la Junta ha sido sancionada precisamente por no cumplir estos requisitos legales, al no informar a las familias ni garantizar que los datos se almacenen bajo soberanía europea.
¿Qué riesgos tiene que los datos escolares se almacenen en terceros países? El riesgo es la pérdida de control jurisdiccional. Al salir de la UE, la información de los menores podría quedar sujeta a leyes de vigilancia o usos comerciales de países con estándares de privacidad mucho menos restrictivos.
¿Siente usted la tranquilidad de que la información académica y personal de su hijo está realmente a salvo en los servidores de la Junta?
Créditos: Imagen de cabecera generada mediante Inteligencia Artificial por Gemini (Google) para la edición de Jerez sin Fronteras.
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