La Paradoja de la Fiesta Nacional: ¿Celebramos la Unidad o la España Insolidaria que premia la ruptura?

Mientras España celebra su Fiesta Nacional este 12 de octubre, se agudiza la profunda fractura territorial que va más allá de un simple conflicto de banderas. El debate actual expone una verdad incómoda: una España insolidaria, donde las regiones más ricas, con fuertes movimientos secesionistas, han logrado blindar privilegios económicos o exigen hacerlo a costa de la equidad interterritorial. Este no es solo un problema de identidad, sino de caja, de oportunidades y de un modelo de Estado que parece beneficiar a quien más amenaza con irse.

La gran grieta: Cuando el dinero y la identidad chocan

Mientras las banderas ondean con fervor en la celebración de la Fiesta Nacional, este 12 de octubre, bajo la capa de unidad se esconde una profunda y dolorosa fractura territorial. El debate sobre el secesionismo ha desvelado una verdad incómoda y crucial: la España insolidaria. El conflicto va mucho más allá de las emociones y las identidades; se centra en la caja, en el modelo de Estado y en cómo se reparten las oportunidades. La insolidaridad interterritorial se ha normalizado, convirtiéndose en el precio a pagar por una paz territorial que, paradójicamente, nunca llega.

La paradoja es notoria. Las comunidades con el independentismo más ferviente —Cataluña y el País Vasco— no son territorios empobrecidos. Son, de hecho, potentes motores económicos que han sabido utilizar su capacidad de presión política para negociar o mantener regímenes de financiación que minimizan su contribución real a la solidaridad nacional. Esta dinámica plantea una pregunta fundamental: ¿se ha interiorizado y aceptado la España insolidaria como un mal necesario?

Del privilegio foral al sgravio compartido

El principal foco de crítica a esta España insolidaria se dirige, inevitablemente, al sistema foral de Euskadi y Navarra. Estos territorios gozan de la potestad histórica de recaudar la totalidad de sus impuestos, transfiriendo al Estado central solo una parte, conocida como el Cupo o Convenio.

Para las comunidades de régimen común (las 15 restantes), esta situación representa un claro agravio comparativo. El País Vasco, con una de las rentas per cápita más altas del país, contribuye proporcionalmente mucho menos a la nivelación territorial que otras regiones ricas como Madrid o Baleares. Este «privilegio» fiscal, amparado en la Constitución como derecho histórico, es percibido por una gran mayoría como la máxima expresión de la España insolidaria, socavando el principio de igualdad entre ciudadanos al generar una asimetría radical en la financiación de los servicios públicos fundamentales.

En el caso de Cataluña, aunque se mantiene en el régimen común, su exigencia de un modelo similar al cupo se articula en torno al concepto de «déficit fiscal«: la diferencia entre lo que aporta en impuestos y lo que recibe en inversión y servicios. Al reivindicar el principio de «ordinalidad» (la idea de que no deben perder puestos en el ranking de riqueza después de la redistribución), el independentismo catalán se une al discurso de la insolidaridad, buscando blindar su riqueza y reducir su rol como contribuyente neto del Estado español.

La peligrosa paradoja de la fragmentación económica

El hecho de que la secesión se plantee justamente en las regiones más prósperas expone la tensión entre el sentimiento de pertenencia y la ambición económica. Mientras que la tendencia global apunta a la formación de grandes bloques (la Unión Europea es el mejor ejemplo de unión para la fortaleza), el independentismo persigue la fragmentación bajo el argumento de que la gestión propia maximizará su riqueza. Esta es la gran paradoja del movimiento: renunciar a un mercado interior de 47 millones de españoles y arriesgar la salida del Mercado Único de la UE a cambio de una soberanía plena y la gestión total de sus recursos.

Una secesión no solo generaría un «efecto frontera» catastrófico para sus industrias, sino que, de mantenerse esta dinámica, dejaría tras de sí una peligrosa amenaza: la de una España insolidaria consigo misma, creando un precedente donde la independencia o la amenaza de ella se convierte en el único camino efectivo para gestionar el 100% de los recursos.

Historia y lengua: Las armas de la ruptura identitaria

La insolidaridad no se manifiesta solo en el plano económico; se extiende al ámbito cultural y educativo, pilares fundamentales de la cohesión social. La gestión de la historia y el idioma en las zonas nacionalistas ha sido clave para construir un relato diferenciador que justifique la ruptura territorial.

En el ámbito educativo, la historia se articula con un marcado énfasis en la identidad propia, priorizando los momentos de soberanía y de agravio. El ‘Mito de 1714’: Es fundamental precisar que la abolición de los fueros por parte de Felipe V, mediante los Decretos de Nueva Planta, no fue un castigo exclusivo a Cataluña. Los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca perdieron sus instituciones mucho antes (desde 1707). La ironía histórica reside en que fueron precisamente las Provincias Vascas y Navarra —cuyos sistemas forales son hoy el principal foco del debate sobre la España insolidaria— las que mantuvieron sus privilegios y fueros intactos por haberse mantenido fieles a la causa borbónica. Este matiz convierte la reivindicación histórica en un argumento parcial que alimenta la visión de «nación oprimida» y justifica la ruptura.

En cuanto al idioma, las políticas de inmersión lingüística, cuyo objetivo es proteger la lengua propia (catalán, euskera), son frecuentemente criticadas por comprometer el dominio pleno del español. En un mundo globalizado, donde el español es la segunda lengua materna más hablada, limitar su presencia vehicular en las aulas es visto como un serio obstáculo a las oportunidades globales de los jóvenes. Este puede ser el último acto de la España insolidaria con sus propios ciudadanos, al priorizar la identidad territorial por encima de la utilidad universal del conocimiento.

La paradoja del origen

Finalmente, existe una ironía histórica pocas veces señalada. Los territorios que hoy lideran la narrativa de la desconexión con España —especialmente las regiones vascas y la Corona de Aragón (donde Cataluña fue clave)— fueron, en su momento, actores fundamentales y conquistadores en la formación y expansión de esa misma entidad que hoy rechazan. Desde la Conquista hasta la colonización americana, donde vascos y catalanes jugaron un papel destacado como marinos, comerciantes y repobladores, estos territorios contribuyeron activamente a la construcción del Estado que hoy se percibe como ajeno. La narrativa secesionista borra esta participación fundacional, prefiriendo centrarse en el agravio, para así justificar la España insolidaria que proponen.

En definitiva, la Fiesta Nacional se celebra sobre una base de profunda inestabilidad. Los movimientos secesionistas, lejos de ser un simple capricho identitario, se alimentan de una estructura de financiación que ha premiado la insolidaridad y una narrativa histórica que ha polarizado la visión del pasado y del futuro. El reto de España no es solo militar la unidad con argumentos emocionales, sino reformar sus cimientos para asegurar que la solidaridad y la igualdad de oportunidades dejen de ser un concepto negociable y se conviertan en el eje inamovible del Estado.