Redacción
El TSJC desestima frenar la extracción de lobos. Conoce las implicaciones para ganaderos y la gestión de la fauna salvaje.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha rechazado la solicitud de varias organizaciones ecologistas para suspender cautelarmente las extracciones de lobos en la región. Esta importante resolución, dada a conocer el 6 de junio de 2025, respalda la postura de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, que ha defendido la necesidad de estas acciones. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha valorado con detalle los argumentos presentados, optando por mantener el rumbo de las medidas actuales en materia de gestión del lobo.
Un equilibrio fundamental entre conservación y actividad económica
La decisión del tribunal es clara: la normativa vigente permite la extracción de lobos siempre que la conservación de la especie no se vea comprometida. Se subraya que el objetivo no es alcanzar un «mejor estado posible» o una población desmedida de lobos, sino asegurar la supervivencia a largo plazo de esta especie en Cantabria. La resolución judicial sitúa la protección del lobo en un plano de equivalencia con la protección de la ganadería, un sector que resulta vital para la economía y la sociedad cántabra. La Sala ha realizado un exhaustivo análisis de proporcionalidad, determinando que la conservación favorable del lobo no constituye un impedimento absoluto para su gestión.
Este criterio se pondera junto a otros factores cruciales. Entre ellos, destacan la frecuencia de los ataques del lobo al ganado, la mortalidad de animales de granja a causa de estos incidentes y, por supuesto, la indiscutible importancia de la ganadería en la estructura económica de la región. Esta evaluación conjunta permite definir la intensidad de protección necesaria, tanto para el sector ganadero como para la supervivencia del lobo en su hábitat natural.
Gestión controlada y justificada, no caza indiscriminada
La resolución del Tribunal aclara que, aunque ya no exista una prohibición total de dar muerte al lobo, esto no abre la puerta a una caza indiscriminada. La Directiva sobre especies de interés comunitario exige la conservación de la especie. Por ello, cualquier acción de extracción de lobos debe estar justificada en la protección de valores o bienes jurídicos específicos, como es el caso del sector ganadero cántabro. Además, se debe mantener una contención en la caza para garantizar la perduración de la especie. La solicitud inicial de las asociaciones ecologistas, que buscaba la suspensión cautelar de las extracciones, forma parte de un recurso contencioso-administrativo más amplio que impugna la decisión de la Consejería y busca su anulación.
A pesar de esta desestimación cautelar, el proceso judicial principal continuará su curso. La Sala examinará a fondo la decisión de la Consejería y determinará si se ajusta o no a la legalidad vigente. Este caso sigue generando un considerable interés en la comunidad, especialmente entre ganaderos y ecologistas en Cantabria, quienes observan de cerca cómo se gestiona este complejo equilibrio. ¿Crees que este tipo de decisiones judiciales podrían sentar un precedente para otras comunidades autónomas con desafíos similares?
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