Redacción
Desarticulan una red clandestina de carne. La operación Pox sacó a la luz un entramado que ponía en riesgo la salud pública.
Destapan un entramado que ponía en riesgo la salud pública con ganado ilegal
La Guardia Civil ha dado un golpe contundente a una organización criminal que se dedicaba a introducir de manera ilegal ganado ovino y caprino en la cadena alimentaria. Esta importante acción policial, denominada operación Pox, ha puesto al descubierto un complejo entramado que operaba al margen de la ley, poniendo en serio riesgo la salud de los consumidores. La red clandestina de carne ha generado preocupación entre los consumidores.
Se han detenido a 5 personas y otras 12 están siendo investigadas por diversos delitos graves, como atentar contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Las autoridades no descartan que el número de implicados siga aumentando a medida que avance la investigación. Esta red clandestina de carne operaba de forma muy sofisticada.
Actuaciones y descubrimientos
Los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) han llevado a cabo un minucioso trabajo, realizando un total de 7 entradas y registros. Cuatro de estas actuaciones tuvieron lugar en domicilios particulares, mientras que las 3 restantes se concentraron en explotaciones ganaderas y mataderos. Además, se inspeccionaron 9 restaurantes, de los cuales 4 fueron clausurados temporalmente, y se descubrió una explotación ganadera que funcionaba de forma clandestina. Todo esto evidencia la magnitud de la red clandestina de carne.
En estas acciones, que se desarrollaron en las provincias de Madrid, Toledo y Ávila, se incautaron 10.000 euros en efectivo, una gran cantidad de documentación relevante, crotales (identificadores de animales), dispositivos electrónicos, herramientas para el sacrificio de animales y medicamentos veterinarios. Lamentablemente, más de 350 animales tuvieron que ser sacrificados debido a las deplorables condiciones en las que se encontraban, sufriendo inanición severa o padeciendo enfermedades y malformaciones irreversibles.
Modus operandi y distribución ilegal
El principal investigado controlaba una explotación ganadera ubicada en la provincia de Toledo que operaba completamente al margen de la legalidad, ya que no figuraba en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Esta situación convertía en ilegales todas las entradas y salidas de animales de sus instalaciones.
Junto a otro de los implicados, se encargaban de transportar ganado ovino y caprino de forma irregular, recogiendo animales tanto de explotaciones legales como ilegales, y trasladándolos a la explotación clandestina. Para esconder esta actividad ilícita, usaban documentación falsa, con la que intentaban simular que los traslados eran legales. La red clandestina de carne no escatimaba en medios para ocultar sus fechorías.
Una parte de los animales era enviada directamente a un matadero autorizado en la provincia de Ávila, donde mezclaban la actividad legal con la ilegal. Otra parte era trasladada a otra explotación ganadera en San Fernando de Henares (Madrid), que servía como el principal matadero clandestino de la organización. En este lugar, los animales eran sacrificados sin ningún tipo de autorización, en condiciones higiénico-sanitarias muy deficientes y sin respetar las normas de bienestar animal.
Parte de la carne obtenida de estos sacrificios ilegales se distribuía a través de canales no autorizados. Uno de los detenidos participaba en el sacrificio de los animales y luego distribuía la carne a 9 restaurantes en la provincia de Madrid, que la ofrecían en sus menús e incluso realizaban reparto a domicilio a través de plataformas en línea.
Además, se ha comprobado que varios de los investigados recogían carne de forma habitual en los mataderos clandestinos para distribuirla entre particulares en diferentes localidades madrileñas, sin ningún tipo de control ni trazabilidad. Este es un ejemplo claro de cómo operaba la red clandestina de carne.
Estructura criminal de la red clandestina de carne y riesgos para la salud
La investigación ha revelado que la actividad delictiva se desarrollaba dentro de una estructura criminal bien organizada, con varios escalones jerárquicos, donde cada miembro tenía un papel específico. Esta coordinación les permitía evitar los controles de las autoridades y multiplicar los beneficios económicos de su actividad ilegal.
Entre las prácticas fraudulentas detectadas, destaca el uso de pagos en efectivo y en “B”, así como la facturación por debajo del precio real del ganado para evadir impuestos, lo que constituye una modalidad de blanqueo de capitales.
Los movimientos ilegales de ganado ovino y caprino fuera de la legalidad representan un alto riesgo para la propagación de enfermedades como la viruela ovina-caprina, desafiando las medidas de cuarentena y provocando pérdidas económicas importantes en el sector ganadero.
La seguridad alimentaria es clave para proteger la salud pública, asegurando que los alimentos que llegan al consumidor sean seguros, estén bien etiquetados y cumplan con todos los requisitos sanitarios. La introducción de productos cárnicos en el mercado sin trazabilidad, sin control veterinario y fuera de los canales legales supone un grave peligro, tanto por la posible transmisión de enfermedades como por la alteración del sistema legal de producción y distribución alimentaria. La desarticulación de esta red clandestina de carne es, por tanto, una gran noticia.
La operación Pox, debido a su complejidad, ha requerido la colaboración de Europol y diversas Unidades de la Guardia Civil, incluyendo las Unidades del SEPRONA de Madrid, Toledo y Ávila, además del apoyo de la Policía Municipal de Madrid.
También se ha contado con la colaboración tanto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como de las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas afectadas en las distintas materias, como la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, la Subdirección General de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid, y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla la Mancha.
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