Un juez revoca el polémico acuerdo de las casetas de la Feria de Jerez que cambió su ubicación el año pasado, tras la denuncia del PCE. Analizamos la reacción «sin efecto» del Ayuntamiento de Jerez y la sorprendente resolución de Alcaldía que reconoce que la actuación municipal fue contraria a derecho.
La jugada judicial que desmonta el ‘puzle’ de las casetas de la Feria de Jerez
El conflicto que empañó la pasada edición de la Feria del Caballo de Jerez suma un nuevo, y sorprendente, capítulo. La incredulidad se extiende entre quienes vivieron de cerca aquella polémica. ¿Recuerdan lo que ocurrió? El año pasado, la modificación en el mapa de la Feria supuso un seísmo: la ubicación de las casetas tradicionales y no tradicionales cambió radicalmente, desplazando a históricos y generando un aluvión de protestas. Pues bien, ahora un juez ha dictado sentencia, y no es favorable al gobierno local.
El titular es claro y directo: el juez anula el acuerdo de la junta de gobierno local en el que se aprobó la modificación y el otorgamiento de licencias de ocupación y uso de casetas. Esta revocación llega tras la denuncia interpuesta por el PCE, que ya en su momento alertó de que los cambios en las casetas de la Feria de Jerez no se habían realizado conforme a la legalidad vigente. Es decir, los «movimientos» que tanto revuelo causaron no estaban ajustados a la ley.
La sorprendente ‘patada adelante’ del Ayuntamiento
Ante la bomba informativa, la respuesta del Ayuntamiento de Jerez, liderado por María José García-Pelayo, ha sido, como poco, desconcertante y a modo incrédulo ante el efecto real de la decisión judicial. Este martes han señalado que la sentencia «no tiene ningún efecto» debido a que la adjudicación de licencias se realiza de manera anual. En otras palabras: la decisión del juez sobre el año pasado es meramente testimonial porque esa Feria ya pasó.
Sin embargo, a renglón seguido, el comunicado municipal revela una contradicción implícita. Aseguran que, a pesar de la supuesta falta de efecto, «se tomará en consideración de cara al próximo procedimiento de adjudicación que se llevaría a cabo en 2026″. Si realmente no tiene efecto, ¿por qué tomarla en consideración? Parece que el riesgo legal sobre futuras casetas de la Feria de Jerez está muy presente en los despachos municipales.
La Alcaldía reconoce ‘actuación contraría al ordenamiento jurídico’
Y la incredulidad se convierte en asombro al conocer una resolución de Alcaldía. Este documento interno no deja lugar a dudas sobre la debilidad de la postura municipal en el conflicto legal. En ella se recoge que los argumentos de la demanda del PCE «se encuentran fundados en derecho» y que la «actuación municipal podría resultar contraria al ordenamiento jurídico vigente».
La propia Alcaldía, en un giro sorprendente, admite que «la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sostiene criterios coincidentes con los alegados por la parte demandante». E incluso, para evitar males mayores, la resolución firmada por María José García-Pelayo concluye que el «allanamiento podría evitar la imposición de costas judiciales para el Ayuntamiento». Es decir, se barajó aceptar la demanda para no tener que pagar el coste del proceso judicial.
El origen de este embrollo legal se remonta a las semanas previas a la Feria, cuando el plano con la nueva distribución de las casetas de la Feria de Jerez fue difundido, desplazando a casetas «sin justificación» aparente y desatando la indignación de empresarios, caseteros, sindicatos y el Partido Comunista. Ahora, la justicia da la razón a los denunciantes y obliga al Ayuntamiento a revisar, quiera o no, cómo se adjudican las casetas de la Feria de Jerez en el futuro.
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