Casi 10.300 viviendas de uso turístico (VUT) han sido canceladas en toda la comunidad autónoma. Esta medida se ha llevado a cabo gracias a la coordinación entre la administración autonómica y los municipios. Específicamente, en la provincia de Cádiz, la cancelación de viviendas turísticas ha alcanzado las 1.352. Esta cifra refleja un notable esfuerzo por regular y ordenar la proliferación de estos alojamientos.

La supresión de estas viviendas es el resultado de una estrategia basada en la colaboración entre diferentes administraciones. A lo largo del año 2024 y hasta agosto de 2025, se han llevado a cabo las cancelaciones, bien por parte de los propietarios o de oficio, a petición de los ayuntamientos. La normativa urbanística y turística ha sido la base para estas acciones.

Dentro de la provincia de Cádiz, 471 de las cancelaciones se registraron en la capital. Este dato subraya el impacto de la medida en las grandes ciudades, que en su conjunto representan el 45% del total de anulaciones a nivel autonómico. La gestión implementada busca equilibrar el desarrollo del turismo con la calidad de vida de los residentes, promoviendo un modelo sostenible.

Para reforzar este control, se han firmado convenios con varios ayuntamientos, entre ellos el de Cádiz y el de Jerez de la Frontera. Estos acuerdos facilitan el trabajo conjunto y permiten una gestión más eficiente y ágil. Así, se busca que cada municipio pueda planificar su modelo de ciudad de acuerdo con sus propias necesidades.

La estrategia ha incluido la aprobación de nuevas normativas. Un decreto de enero de 2024 permite a los ayuntamientos establecer limitaciones al número de viviendas turísticas en edificios o zonas específicas. Además, un decreto ley de febrero de 2025 ofrece mayor seguridad jurídica a los municipios para adecuar esta actividad al uso urbanístico más idóneo, al mismo tiempo que se preserva el entorno urbano.

La cancelación de viviendas turísticas en Cádiz y en el resto de la comunidad demuestra que el trabajo coordinado está dando resultados tangibles. La labor de control y la lucha contra la clandestinidad en este sector es una prioridad, con el fin de asegurar que el crecimiento turístico beneficie a todos los ciudadanos.

 

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