FACUA denuncia al Tío Pepe Festival por el cobro indebido de «gastos de gestión»

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa organizadora del Tío Pepe Festival por el cobro indebido de un importe extra en la compra de entradas, bajo el concepto de «gastos de gestión Tío Pepe Festival«.

Cargos extras sin justificación

La asociación ha presentado estas denuncias ante la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, argumentando que estos cobros son injustificados y no se corresponden con ningún servicio adicional. El festival, una cita cultural destacada en el calendario estival, se celebra en las bodegas González Byass de Jerez de la Frontera, del 12 de julio al 13 de agosto, y atrae a miles de asistentes cada año.

El meollo de la denuncia radica en que la entidad organizadora aplica una cantidad distinta en función de la ubicación de la butaca, creando un sistema de tarificación poco transparente. Como ejemplo, FACUA ha señalado el concierto de la reconocida artista Ana Belén. Los asistentes que optaron por una entrada front stage, en las primeras filas, abonaron 11,50 euros más por los «gastos de gestión«. En contraste, aquellos que compraron una entrada general pagaron 6,50 euros adicionales por el mismo concepto. Esta práctica se repite en la adquisición de entradas para todos los conciertos del festival, afectando a la mayoría de los consumidores.

FACUA resalta que en ningún momento se publicita una prestación extra que justifique este cobro. El importe, además de variar sin criterios claros, carece de una explicación detallada en las condiciones de venta. Por esta razón, es imposible determinar si el cargo está realmente relacionado con el precio de la entrada o si es una cuota arbitraria. La asociación considera que los gastos de gestión son, por definición, parte de los costes operativos del negocio, como la administración, el mantenimiento de la plataforma de venta o la emisión de las entradas. Estos costes, según la normativa vigente, deberían estar ya incluidos en el precio final publicitado de la entrada, no ser un recargo sorpresa al final del proceso de compra.

Apoyo en la legislación vigente

La denuncia se fundamenta en la interpretación que FACUA hace de la legislación actual. La asociación ha recordado que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha emitido una nota aclaratoria sobre los requisitos que deben cumplir los recargos adicionales en la compra de entradas. El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera estas prácticas como abusivas si no cumplen con ciertos criterios. Los gastos adicionales solo pueden aplicarse a servicios concretos y distintos a la venta de la entrada, que el consumidor reciba de manera efectiva. Un cargo por el mero hecho de vender la entrada, sin un servicio extra tangible, no está amparado por la ley.

El Ministerio también ha sido claro al afirmar que, si los costes no se reflejan correctamente y de forma transparente desde el inicio, el consumidor no está obligado a pagarlos. Además, ha destacado que estos costes extra no pueden variar en función del precio de la entrada para un mismo evento, como sucede con los gastos de gestión del Tío Pepe Festival. Esta variación tarifaria, según el Ministerio, es una práctica irregular que perjudica a los consumidores. Por este motivo, FACUA entiende que los asistentes no solo no deberían haber pagado esta cantidad adicional, sino que tienen un derecho legítimo a solicitar su reembolso.

FACUA invita a los afectados a reclamar

Para defender los derechos de los afectados, la asociación ha activado sus canales de comunicación. FACUA invita a todos los usuarios que hayan pagado por este concepto a contactar con ellos a través de este enlace. La asociación se compromete a valorar cada caso y a ejercer las acciones necesarias para que los consumidores puedan recuperar su dinero. En un mercado donde la venta de entradas online es la norma, este tipo de prácticas abusivas se ha vuelto frecuente. La denuncia de FACUA contra el Tío Pepe Festival busca sentar un precedente y proteger a los consumidores de futuros cargos injustificados en eventos culturales y de ocio.