Redacción
Una importante operación conjunta ha logrado desmantelar una sofisticada organización criminal. Se les responsabiliza de un fraude IVA alcohol cercano a los 69 millones de euros entre 2018 y 2024. Esta red, con presencia en diversas localidades españolas, incluyendo Jerez de la Frontera, eludía el pago del IVA en sus transacciones comerciales.
En el marco de esta investigación, 8 miembros de la organización han sido detenidos. Se realizaron 19 registros en diferentes puntos del país, como Madrid, Barcelona, La Coruña, Ibiza y Valencia, además de nuestra ciudad. Durante estas actuaciones, los agentes intervinieron aproximadamente 400.000 euros en efectivo y más de 1 millón de euros en cuentas bancarias. También se incautaron 1 yate, 34 relojes de lujo y 5 vehículos de alta gama. Además, se ha solicitado el embargo de 21 inmuebles.
La organización operaba con un complejo entramado empresarial compuesto por 93 compañías. Estas mercantiles estaban radicadas en España, Portugal, Alemania, Malta e Islas Turcas y Caicos. Paralelamente, utilizaban una estructura de empresas para canalizar los fondos ilícitos y someterlos a procedimientos de blanqueo de capitales. Esta estructura hacía muy difícil seguir el rastro del dinero.
Mecanismo de fraude y blanqueo de capitales
La investigación se centró en un posible fraude intracomunitario de IVA, aprovechando las exenciones de este impuesto en las transacciones transfronterizas dentro de la Unión Europea. El esquema fraudulento implicaba depósitos fiscales principalmente en Holanda, Portugal y España. Grandes cantidades de alcohol eran importadas a depósitos fiscales en nuestro país, donde entraban con suspensión del pago de impuestos.
El impuesto solo se devengaría al salir los productos del depósito fiscal para su distribución. En este punto, intermediarios ficticios, conocidos como «missing traders» y controlados por la organización, adquirían el alcohol y desaparecían sin cumplir con sus obligaciones fiscales. El alcohol se vendía luego a través de una red de empresas fantasma, utilizando facturas falsas para ocultar la cadena delictiva. Finalmente, el producto llegaba a distribuidores en España, cuyo IVA repercutido nunca fue ingresado, permitiendo rebajas ilícitas de precio y una competencia desleal.
Los líderes de esta organización, tres ciudadanos españoles, empleaban una red de testaferros al frente de numerosas empresas instrumentales. Esto les permitía desvincularse de la actividad comercial, dificultar la trazabilidad del producto y transferir las responsabilidades penales a estas mercantiles. La investigación, denominada «Operación Gallagher«, ha contado con un amplio despliegue de recursos y colaboración entre diferentes unidades.
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