César Pérez Pacheco
En plena precampaña municipal en Jerez de la Frontera, los distintos candidatos multiplican sus propuestas y prometen el oro y el moro sobre lo que harán si llegan a gobernar la ciudad, chocando frontalmente contra la cruda realidad de un consistorio endeudado hasta las trancas e intervenido por el gobierno central.
¿Hasta qué punto pueden los candidatos cumplir sus promesas con un ayuntamiento intervenido?
Cuando las arcas municipales están arruinadas y el ayuntamiento se encuentra bajo la tutela financiera estricta del Estado, el margen de maniobra de cualquier alcalde se reduce de forma drástica. Las propuestas de precampaña suelen ignorar que un consistorio sujeto a un Plan de Ajuste pierde la autonomía total para gastar a su libre albedrío.
El control previo de Hacienda y la prioridad de pago
Cualquier modificación presupuestaria, gasto extraordinario o nueva contratación de envergadura exige contar con el visto bueno obligatorio de la Intervención municipal y del Ministerio de Hacienda. Por ley, el dinero que entra en la caja no se destina a las preferencias del alcalde, sino a cumplir con la estabilidad presupuestaria, pagar la deuda financiera y atender a los proveedores.
El bloqueo de las inversiones faraónicas e infraestructuras
Construir nuevos polideportivos, grandes avenidas, centros culturales o macroaparcamientos resulta inviable con fondos propios. La capacidad de inversión real es prácticamente nula. Cualquier gran proyecto depende exclusivamente de conseguir fondos externos europeos o autonómicos. Si estas ayudas no llegan o fallan los requisitos, la promesa se queda en agua de borrajas.
¿Qué ocurre con las bajadas masivas de impuestos y los servicios públicos?
Las promesas de rebajar el IBI, congelar tasas de basura o ampliar plantillas de policía y bomberos se estrellan contra los límites legales de la tutela financiera y los contratos vigentes.
La trampa de las rebajas fiscales y las tasas
Un ayuntamiento intervenido tiene prohibido aprobar rebajas de impuestos si estas comprometen el equilibrio del Plan de Ajuste, salvo que se recorten de forma simétrica otros gastos básicos. Como los servicios ya operan al límite, una rebaja fiscal directa suele ser rechazada por los técnicos ministeriales.
Los contratos de limpieza y mantenimiento urbano
La mayor parte del presupuesto anual se consume en pagar grandes contratos integrales adjudicados a multinacionales. Si la tesorería falla y los pagos a proveedores se retrasan, las empresas reducen ritmos y presionan al consistorio, impidiendo la mejora radical de los parques, jardines y la limpieza viaria que prometen los partidos políticos.
¿Es posible solucionar la crisis de la vivienda y los alquileres desde el ámbito local?
El acceso a la vivienda y la escalada de precios disparan las propuestas más drásticas de los candidatos, ignorando las estrictas limitaciones legales y competenciales de la administración local en la provincia de Cádiz.
La limitación competencial y la ley estatal
Los ayuntamientos no tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda ni redactan la Ley de Arrendamientos Urbanos. Un consistorio no puede fijar topes de precios al alquiler por capricho, ya que declarar zonas tensionadas requiere cumplir requisitos estadísticos complejos junto a la Junta de Andalucía.
El espejismo de la vivienda protegida y el suelo público
Levantar promociones masivas de VPO exige una inversión millonaria en ladrillo inasumible con las cuentas intervenidas. El Plan de Ajuste prohíbe endeudarse sin autorización ministerial expresa, por lo que los solares públicos municipales se quedan acumulados sobre plano a falta de liquidez e inyecciones externas de capital.
Los pisos turísticos y la presión fiscal inmobiliaria
Frenar la proliferación de pisos turísticos exige una disciplina urbanística férrea, inspectores de calle y modificar el Plan General de Ordenación Urbana, un proceso farragoso que dura años. Asimismo, aplicar recargos en el IBI a viviendas vacías requiere censos exhaustivos muy vulnerables a recursos judiciales de los grandes propietarios.
¿Crees que los ciudadanos deberían exigir mayor rigor económico y financiero a los candidatos antes de votar en las próximas elecciones municipales?
[Foto: IA para Gemini / jerezsinfronteras.es]
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