De la privatización de las VPO a la huelga del 11-N: ¿quiénes son los verdaderos responsables del colapso del alquiler?

El acceso a la vivienda es ya la principal brecha socioeconómica en España. Por ello, diversos sindicatos han convocado una huelga general de 24 horas para el próximo 11 de noviembre (11-N). El paro fue registrado ante el Ministerio de Trabajo por organizaciones como CCOO, UGT, CGT, CNT, co.bas, Intersindical y la Unión de Actores y Actrices. También se han sumado la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y la red de Sindicatos de Inquilinos. Asimismo, apoyan la cita centrales territoriales como ELA, LAB y CIG. La movilización afectará al transporte, a la administración y al sector privado en todas las comunidades autónomas. Esta huelga abre un intenso debate político y deja al descubierto una crisis incubada durante décadas.

¿Cuál es el origen histórico de la escasez de vivienda pública en España?

Hoy el alquiler absorbe entre el 50% y el 80% del sueldo medio en zonas como Madrid, Barcelona, Málaga o la provincia de Cádiz. La causa principal radica en el diseño histórico de la Vivienda de Protección Oficial (VPO). En el norte de Europa, los inmuebles sociales siguen siendo siempre públicos. En cambio, la legislación española posterior al franquismo concibió la protección pública como un mecanismo doble de privatización. Por un lado, financió hipotecas privadas para la compra directa. Por otro, incentivó el acceso diferido a la propiedad en el alquiler social. El Banco de España ha analizado el parque de vivienda social.

Durante décadas, las leyes de vivienda estatales promulgadas bajo los gobiernos de UCD, PSOE y PP, junto con los desarrollos normativos autonómicos, fijaron periodos de protección de entre diez y treinta años. En las promociones públicas de alquiler, la propia Administración vendió estos pisos a los inquilinos a precio de saldo mediante opciones de compra bonificada. Al vencer el plazo legal, las viviendas sufrieron un proceso de descalificación automática, permitiendo a esos particulares venderlas en el mercado libre a precio especulativo tras haber disfrutado de suelo público, subvenciones directas y ventajas fiscales.

Se calcula que aproximadamente tres millones de viviendas protegidas y de alquiler público construidas con recursos estatales durante el periodo democrático han pasado de este modo a manos privadas tras cumplir su periodo de protección legal. Esta destrucción sistemática del parque rotatorio ha provocado que España cuente actualmente con un parque de vivienda social que apenas representa entre el 1,5% y el 2,5% del total del mercado residencial, frente a medias europeas que superan el 9% o casos como el de Viena, donde la propiedad pública o cooperativa protegida roza el 40% de la oferta total, según documentan las estadísticas sobre vivienda social de Eurostat.

La venta masiva a fondos de inversión y la inacción de las administraciones

Al vaciado del parque público promovido por la venta a los inquilinos particulares se sumó un segundo hito determinante tras el estallido de la crisis inmobiliaria y financiera de 2008. Diversas administraciones locales y regionales, severamente endeudadas, recurrieron a la liquidación directa de su patrimonio público residencial restante para obtener liquidez inmediata, traspasando promociones enteras de alquiler social a grandes fondos internacionales de inversión inmobiliaria.

El ejemplo más emblemático de esta práctica tuvo lugar en la Comunidad de Madrid durante el año 2013. Bajo la alcaldía de Ana Botella (PP), la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendió 1.860 viviendas sociales protegidas al fondo inmobiliario Fidere, filial de Blackstone, una operación que derivó en un extenso proceso judicial revisado en la resolución del Tribunal de Cuentas sobre la venta de la EMVS. Simultáneamente, el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), bajo la presidencia regional de Ignacio González (PP), traspasó casi 3.000 inmuebles públicos al consorcio formado por Goldman Sachs y Azora. Aunque la operación del IVIMA fue anulada posteriormente en los tribunales obligando a la restitution de parte del parque, como consta en la sentencia sobre la nulidad de la venta del IVIMA, la venta municipal de la EMVS quedó ratificada tras ser absueltos sus responsables.

La responsabilidad, sin embargo, no atañe en exclusiva a un único partido. Todos los ejecutivos centrales desde la Transición renunciaron a blindar permanentemente la titularidad pública del suelo dotacional y de los pisos protegidos. No fue hasta la aprobación de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda en el BOE cuando se introdujo la calificación indefinida para los nuevos desarrollos sociales sobre suelo público, una medida que no tiene carácter retroactivo y que llega tras cuatro décadas de privatización continuada.

¿Por qué resulta contradictorio el apoyo político a la huelga del 11-N?

La convocatoria del 11-N sitúa en una posición incómoda a los partidos políticos que han ostentado el poder. España ha estado gobernada ininterrumpidamente por el PSOE desde la moción de censura de junio de 2018 impulsada por Pedro Sánchez. Desde enero de 2020, el país ha sido administrado por gobiernos de coalición: primero entre el PSOE y Unidas Podemos (con perfiles como Pablo Iglesias e Irene Montero), y desde finales de 2023 entre el PSOE y la plataforma Sumar, liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, contando con el respaldo parlamentario externo de formaciones como ERC, EH Bildu, Junts, PNV y BNG.

Resulta paradójico para la opinión pública que formaciones políticas que se sientan semanalmente en el Consejo de Ministros o que han ostentado la cartera de Trabajo y la gestión de las políticas sociales respalden o simpaticen con un paro general convocado contra la precarización laboral y la crisis habitacional. Las fuerzas a la izquierda del PSOE justifican esta posición alegando que, en su condición de socio minoritario del Ejecutivo, sus propuestas más exigentes de intervención de precios fueron suavizadas o frenadas durante las negociaciones de la Ley de Vivienda por la rama socialista del Gobierno.

Por su parte, las organizaciones sindicales convocantes han querido enfatizar que la huelga se articula como una protesta transversal «contra toda la clase política». Señalan de forma explícita tanto al Gobierno central por la insuficiencia de sus medidas como a los gobiernos autonómicos —en su mayoría en manos del Partido Popular— por negarse a aplicar los topes al alquiler y la declaración de zonas de mercado residencial tensionado contempladas en la legislación vigente.

Las críticas a las exigencias del 11-N y el rechazo de la patronal

El frente reivindicativo de la huelga general demanda una reducción directa del 50% en las rentas del alquiler, la vinculación estricta de los precios de la vivienda a los ingresos medios de las familias, la prohibición del uso turístico de inmuebles en zonas saturadas, un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 7% y la reducción por ley de la jornada laboral.

Estas exigencias han recibido duras críticas desde el ámbito económico, legal y empresarial. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y las patronales inmobiliarias han anunciado su oposición frontal al paro, exponiendo su posicionamiento en el comunicado oficial de la CEOE sobre la coyuntura laboral y económica al tildarlo de «huelga política» ilegal por no limitarse a un conflicto strictly laboral entre trabajadores y empresarios. Organizaciones de cuadros y sindicatos profesionales como CSIF, USO, Fetico, ANPE, Semaf o Sepla tampoco se han sumado a la convocatoria.

Desde el punto de vista técnico, diversos economistas advierten que imponer un recorte forzoso del 50% en los contratos vigentes provocaría un colapso en la oferta. La consecuencia inmediata sería la retirada masiva de pisos del mercado residencial para derivarlos al alquiler turístico, al alquiler por habitaciones o al mercado informal, agravando el desabastecimiento. Asimismo, se señala que exigir alzas salariales drásticas en un marco de volatilidad económica internacional puede derivar en presiones inflacionistas de segunda vuelta y ralentizar la contratación en las pequeñas y medianas empresas.

El encaje constitucional: del Artículo 47 a los problemas del empleo público

El debate legal en torno a la vivienda en España se apoya en el Artículo 47 de la Constitución Española, el cual establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, en la arquitectura constitucional, el Artículo 47 forma parte del Capítulo III del Título I, catalogado como «Principios rectores de la política social y económica», y no como un Derecho Fundamental de la Sección 1ª (como la libertad de prensa o el derecho a la huelga). Esto significa que la Carta Magna no obliga al Estado a entregar la propiedad de un inmueble a cada ciudadano, sino que mandata a los poderes públicos a promover las condiciones legislativas y presupuestarias para hacer efectivo ese principio.

Esta limitación constitucional choca frontalmente con el Artículo 35 de la Constitución Española (derecho y deber al trabajo) cuando se analiza la movilidad laboral del propio personal al servicio de las Administraciones Públicas. La disfunción del mercado de alquiler imposibilita en la práctica que miles de funcionarios de escalas medias y bajas —tales como miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, docentes, personal sanitario o de prisiones— puedan incorporarse a sus plazas tras superar una oposición si el destino adjudicado se encuentra en zonas de alta presión turística o urbana como Ibiza, Mallorca, Madrid, Barcelona o la costa de Cádiz. Cuando la renta mensual de un piso supera el 70% u 80% del sueldo del empleado público, las plazas quedan desiertas, deteriorando la prestación de los servicios esenciales del propio Estado.

¿Qué soluciones viables existen en un marco de mercado libre?

Superar la parálisis actual dentro de una economía social de mercado (reconocida en el Artículo 38 de la Constitución Española) requiere abandonar los parches coyunturales y aplicar reformas estructurales a medio y largo plazo que coordinen la actuación del Ministerio de Vivienda, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos:

1. Construcción de suelo dotacional público no descalificable: Prohibir por ley orgánica la enajenación de suelo de titularidad pública y garantizar que toda la vivienda de protección oficial promovida por la administración mantenga su calificación de alquiler social de forma indefinida, garantizando la custodia intergeneracional del patrimonio estatal.

2. Alojamientos de rotación para trabajadores esenciales: Desplegar promociones de vivienda pública destinadas específicamente a empleados públicos y trabajadores desplazados con alquileres bonificados proporcionales a sus salarios durante sus años de comisión de servicio o primer destino.

3. Incentivos fiscales masivos a pequeños propietarios: En lugar de penalizaciones puras que reduzcan la oferta, articular deducciones de hasta el 90% en el IRPF para aquellos arrendadores particulares que pongan sus viviendas en el mercado por debajo de los índices de precios de referencia.

4. Seguridad jurídica y agilización de la resolución de conflictos: Dotar a los juzgados de lo civil de mayor agilidad para resolver el impago de rentas, reduciendo la percepción de riesgo del pequeño tenedor e incentivando la puesta en el mercado del millón de viviendas vacías que se calculan en el territorio nacional.

¿Consideras que la huelga general del 11-N servirá para forzar un cambio real en la legislación o el problema exige un gran pacto de Estado a largo plazo entre partidos y comunidades autónomas?

[Foto: IA para Gemini / jerezsinfronteras.es]

 

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