Deuda del Ayuntamiento de Jerez y responsabilidades políticas de su quiebra

Jerez arrastra 1.300 millones de euros. Analizamos las responsabilidades políticas en la deuda del Ayuntamiento de Jerez y por qué el vacante penal exime a sus gestores.

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Jerez acumula un agujero financiero de 1.300 millones de euros tras décadas de decisiones políticas. Descubre las claves del desastre. Foto: IA por Gemini para jerezsinfronteras.es.

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El pozo sin fondo de Jerez: ¿quién pagará la factura de una ciudad en quiebra?

Jerez de la Frontera arrastra una deuda financiera cercana a los 968 millones de euros, una losa que alcanza los 1.300 millones de euros al computar la deuda global consolidada con empresas públicas, proveedores y otros pasivos. Esta cifra asfixia el futuro de los servicios públicos mientras los gestores que la provocaron quedan impunes. Cada jerezano debe más de 4.500 euros de forma per cápita sin haber firmado jamás un solo préstamo.

El municipio figura como el tercer consistorio más endeudado de toda España en importe absoluto, situándose únicamente por detrás de Madrid y Barcelona. Asimismo, ostenta el segundo puesto nacional en deuda por habitante, solo superado por Jaén. Los ingresos actuales de las arcas municipales resultan totalmente insuficientes para cubrir los vencimientos, manteniendo una dependencia absoluta del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los Fondos de Ordenación del Ministerio de Hacienda, con préstamos proyectados hasta el año 2060.

Más de cuatro décadas de decisiones políticas irresponsables

La quiebra técnica actual no ocurrió por accidente. Constituye el resultado del acumulado de más de cuatro décadas de gestión municipal, agravado por la falta de ingresos tras el crack inmobiliario de 2008 y la conversión de deuda comercial en financiera.

El origen del gasto estructural comenzó con la llegada de Pedro Pacheco (PSA / PA / Andalucistas), elegido alcalde el 3 de abril de 1979. Durante sus más de dos décadas al frente del consistorio, impulsó la gran transformación urbana e hitos como la inauguración del Circuito de Jerez el 9 de diciembre de 1985. Sin embargo, este modelo de expansión mediante la creación masiva de empresas públicas (como Onda Jerez), polígonos industriales y contratación de personal provocó que a finales de los años 90 comenzaran los primeros impagos sistemáticos a la Seguridad Social y Hacienda, sentando las bases del déficit estructural.

Posteriormente, la gestión de Pilar Sánchez (PSOE, 2005-2011) chocó frontalmente con el estallido de la crisis financiera e inmobiliaria en septiembre de 2008. Los ingresos cayeron drásticamente mientras los costes operativos se mantuvieron elevados, provocando un colapso récord en el pago a proveedores comerciales, impagos prolongados en las nóminas municipales y parálisis en la prestación de servicios básicos.

La conversión de facturas en deuda bancaria a largo plazo

La llegada de María José García-Pelayo (PP, 2003-2005 / 2011-2015 / 2023-presente) marcó el cambio de naturaleza del problema. Tras la aprobación del primer Plan de Pago a Proveedores (Plan Montoro) el 24 de febrero de 2012, el consistorio acudió masivamente a este auxilio para liquidar las miles de facturas amontonadas. La deuda comercial impagada se transformó oficialmente en una gigantesca deuda bancaria a largo plazo con el Estado, condicionada a duros planes de ajuste como el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) municipal aplicado en noviembre de 2012, que supuso el despido de 260 trabajadores.

Finalmente, el ejecutivo de Mamen Sánchez (PSOE, 2015-2023) mantuvo el acogimiento continuado al Fondo de Ordenación. En noviembre de 2021, el Ministerio de Hacienda autorizó una refinanciación clave que agrupó la deuda municipal pero blindó los pagos a larguísimo plazo. Esta dependencia recurrente de la financiación estatal mantuvo el volumen global de la deuda en sus máximos históricos, fijando un calendario con cuotas que extienden sus compromisos hasta el año 2060.

La ausencia de delito por mala gestión y las penas de prisión

El marco legal español no contempla la imprudencia económica ni la «incompetencia administrativa» como delito. Un alcalde o concejal no responde con su patrimonio personal por el déficit presupuestario generado, a diferencia de los administradores de empresas privadas en un concurso de acreedores. Para exigir responsabilidades judiciales deben darse supuestos de prevaricación, malversación, falsedad documental o cohecho.

Por estas causas específicas de corrupción administrativa sí ingresaron en prisión dos exregidores jerezanos:

• Pedro Pacheco: Su ingreso en prisión en mayo de 2014 se produjo tras ratificar el Tribunal Supremo una condena de 5 años y 6 meses de cárcel por prevaricación, malversación y falsedad documental en la contratación irregular de asesores (Caso Asesores), cumpliendo condena en el centro penitenciario de Puerto III.

• Pilar Sánchez: Su ingreso en prisión en enero de 2016 se ejecutó tras la condena firme de 4 años y 4 meses de cárcel por malversación, prevaricación y falsedad documental en la concesión de subvenciones en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA).

A pesar de haber cumplido condena de cárcel, Pedro Pacheco ha manifestado públicamente su intención de volver a presentarse. Para poder ser candidato necesita que expire su pena de inhabilitación absoluta para cargo público o que el Gobierno central le conceda el indulto. Si liquida sus cuentas con la justicia, el principio de rehabilitación de penas le permite recuperar sus derechos políticos, dejando la decisión final exclusivamente en manos de los votantes en las urnas.

Las cinco vías técnicas para sanear la quiebra municipal

Expertos economistas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) coinciden en que no existen soluciones mágicas. El saneamiento definitivo exige combinar el rigor presupuestario local con la intervención estatal a través de cinco ejes:

• Condonación o quita parcial: Una reestructuración por parte del Ministerio de Hacienda que perdone un tramo de la deuda para aliviar el ahogamiento de intereses.

• Refinanciación a 100 años: Extender los plazos de amortización a medio siglo o un siglo con tipos de interés simbólicos o periodos de carencia prolongados.

• Reducción del gasto estructural: Optimización de la plantilla pública mediante la no reposición de jubilaciones, cierre o fusión de empresas públicas sobrantes y renegociación de grandes contratos de servicios urbanos.

• Incremento de la recaudación: Lucha contra el fraude en el IBI y tasas locales, sumado a la atracción de inversión privada en logística, turismo y energías renovables para ampliar la base imponible.

• Revisión de la PTE y Fondos Europeos: Suavizar la retención que Hacienda aplica sobre la Participación en los Tributos del Estado para devolver liquidez inmediata y captar financiación externa para inversiones.

¿Crees que el Gobierno central debería condonar la deuda de Jerez o significaría esto un agravio comparativo con los municipios que sí gestionaron bien sus cuentas?

 

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