Continúan las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a empresas del grupo Ruiz-Mateos en el caso ERE. Se investiga un importe de 35.119.277,50 euros. Se han investigado a 21 personas, incluyendo exdirectivos y representantes de las empresas beneficiarias. El juez ha archivado provisionalmente la causa respecto a otros 16 investigados. Algunos ex-altos cargos de la Junta de Andalucía ya han sido excluidos debido a su encausamiento en otro procedimiento relacionado. Las acusaciones y sobreseimientos se decidirán en los próximos veinte días.
Caso ERE investigaciones sobre ayudas Ruiz-Mateos
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha decidido continuar con el procedimiento abreviado en las diligencias previas del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) relacionado con las presuntas irregularidades en las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a empresas del grupo Ruiz-Mateos. En total, se investiga un importe de 35.119.277,50 euros.
Presuntos delitos y acusaciones
El juez ha tomado esta decisión debido a la posibilidad de que los hechos denunciados sean constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La causa ha sido trasladada a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en un plazo de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral, formulen un escrito de acusación o pidan el sobreseimiento de la causa.
En total, se han investigado a 21 personas, entre las que se encuentra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto R., así como directivos y representantes de las empresas que recibieron las ayudas. También se incluyen a cinco «intrusos» y a tres responsables de las mediadoras Vitalia y Uniter.
Por otro lado, el juez ha decidido archivar provisionalmente la causa respecto a otros 16 investigados, al considerar que no existen indicios sólidos de su participación relevante en los hechos investigados. Entre los investigados que se han excluido de la causa se encuentran tres hijos del fundador del grupo, un exdelegado de empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz y varios miembros del comité de empresa de las empresas beneficiarias de las ayudas.
Responsabilidades y exclusiones
El juez ha argumentado que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento contra ex-altos cargos de la Junta de Andalucía, como el exconsejero de Empleo Antonio F., el ex-viceconsejero Agustín B., los exdirectores generales de Trabajo Juan M. y Francisco Javier G. (ya fallecido), y un exdirector general de la Agencia IDEA. Estos cargos ya fueron encausados en el procedimiento abreviado relacionado con la ilicitud penal del denominado «procedimiento específico» para la concesión ilícita de ayudas por parte de los responsables de la Junta.
En cuanto a Daniel Alberto R., el juez ha argumentado que existen sólidos indicios de que durante su mandato como director general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y realizaron pagos injustos y arbitrarios de ayudas y subvenciones ilícitas. Por lo tanto, no se ha excluido su participación en las piezas separadas relacionadas con las ayudas concedidas a las empresas beneficiarias, ya que existen evidentes indicios de criminalidad en su actuación al realizar pagos de ayudas a sabiendas de la evidente ilicitud del procedimiento seguido para su concesión.
En resumen, el caso ERE continúa su curso y se mantienen las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en las ayudas otorgadas a empresas del grupo Ruiz-Mateos. Las acusaciones y los sobreseimientos se decidirán en los próximos veinte días, mientras que algunos ex-altos cargos de la Junta de Andalucía ya han sido excluidos de esta causa debido a su encausamiento en el procedimiento abreviado relacionado con la ilicitud penal del «procedimiento específico» de concesión de ayudas.
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