La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación que ha culminado con la detención de 52 personas por su presunta implicación en un entramado de fraude al sistema de prestaciones públicas. Entre los detenidos se encuentra un abogado que, junto con varios cómplices, se dedicaba a crear empresas ficticias sin actividad real para facilitar el cobro indebido de subsidios de desempleo.

La cantidad defraudada tanto al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) asciende a más de 300.000 euros. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social en mayo pasado, en la que se alertaba sobre diversas irregularidades llevadas a cabo por una sociedad con sede en Albacete para eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.

La empresa denunciada, supuestamente dedicada al comercio al por mayor de maquinaria agrícola, resultó ser una vivienda residencial según los registros del catastro. Tras las correspondientes comprobaciones, se constató que no existía actividad comercial alguna. Los agentes tomaron declaración a varios trabajadores de la empresa, quienes afirmaron no haber recibido ninguna prestación por desempleo y aseguraron no haber trabajado nunca para esa compañía. Además, revelaron que habían pagado una suma de dinero a una persona para poder cotizar a la Seguridad Social.

Tras una exhaustiva labor de investigación, se logró identificar a esta persona, que junto a su esposa figuraba como administrador de 30 sociedades, muchas de ellas con la supuesta actividad de comercio al por mayor de maquinaria agrícola en Albacete, Alicante, Cuenca y Valencia. La mayoría de estas empresas compartían un denominador común: todas tenían el mismo abogado de Albacete como tramitador autorizado para realizar gestiones ante la Seguridad Social.

Este abogado tenía antecedentes policiales por fraude de prestaciones a la Seguridad Social y falsificación documental, mientras que el supuesto administrador acumulaba numerosas reseñas policiales por delitos de estafa, defraudación y falsificación de documentos. La investigación se centró en el autorizado RED de Albacete, quien, con la colaboración de terceras personas, dirigía empresas sin actividad real y daba de alta a trabajadores en la Seguridad Social para que estos pudieran obtener de forma ilegítima prestaciones o subsidios por desempleo.

Estos administradores ficticios, conocidos coloquialmente como testaferros, también aprovechaban la situación para cobrar prestaciones por desempleo, incluso colocando a sus familiares cercanos como beneficiarios. Durante la investigación, se descubrió que gran parte de las empresas gestionadas por este autorizado RED eran ficticias, pero también se destaparon otras sociedades con altas irregulares de trabajadores en empresas legítimas.

Como resultado de las averiguaciones, se llevó a cabo un operativo que permitió la detención de un total de 52 personas en las provincias de Albacete (41), Alicante (2), Madrid (4), Málaga (1), Murcia (1) y Valencia (3) por delitos de fraude en obtención de prestaciones. Al abogado y a sus testaferros se les ha atribuido además un delito de pertenencia a grupo criminal, al considerar que habían creado un entramado empresarial con el propósito de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal.

Las investigaciones han determinado que el perjuicio económico total causado al SEPE y al INSS asciende a más de 304.094 euros. Esta cifra podría haber sido aún mayor de no ser por la intervención policial, ya que se descubrieron nuevas empresas ficticias que han sido dadas de baja para evitar más fraudes. Además, se ha descubierto un fraude a la Hacienda Pública cercano a los 12 millones de euros, que está siendo investigado por la Agencia Tributaria de Albacete.

Esta operación es un claro ejemplo de la colaboración entre las instituciones para combatir el fraude y proteger los recursos públicos. La Policía Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social continúan trabajando para desarticular redes delictivas similares y garantizar la integridad del sistema de prestaciones públicas.